ecos

Secretario de Desarrollo Social de Puebla

En México, como en más de ciento cincuenta países en el mundo, ha sido designado un día para la conmemoración anual de los niños y las niñas, un grupo de población que hasta hace apenas un siglo carecía de reconocimiento pleno jurídico y social.  Esta fecha, que en México corresponde al 30 de abril, nos llena de orgullo al recordarnos que México ha sido pionero en el reconocimiento y compromiso con los derechos de los niños y las niñas y ha ratificado diversos convenios internacionales dirigidos a materializar dicho compromiso, y que Puebla es una de las entidades federativas que ha manifestado su interés y voluntad política, que le permite contar hoy con uno de los marcos regulatorios más avanzados, en concordancia con la legislación federal y los instrumentos internacionales, lo que le permite ser uno de los estados que cuenta con una Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Estos logros, tanto en el ámbito internacional como nacional y local, resultan de gran trascendencia a la luz del proceso no sólo jurídico, sino social que les precedieron.   Aún en nuestros días no es difícil o excepcional encontrarnos con posturas que dudan de la importancia de los derechos de los niños y las niñas, así como el respetarlos y hacerlos valer, o bien, que desconocen el significado y las necesidades particulares de este grupo etáreo. Predomina aún, en ciertas regiones, un sistema de representaciones sociales, y sistemas jurídicos y administrativos que someten los derechos de la infancia a los intereses y necesidades de otros grupos.

 El “descubrimiento” de la infancia se atribuye a Juan Jacobo Rousseau, a través de  su famosa, pero sobre todo, valiosa obra “El Emilio”, mediante la cual realizó una contribución de suma importancia en el conocimiento y reconocimiento de los diversos elementos que propiamente distinguen a la infancia de otras etapas de la vida.  Este descubrimiento llevó a que en el siglo XIX, se incluyera a la infancia dentro del marco jurídico, pero desde la consideración de seres incapaces o menores, lo que implicó que no se les reconocieran sus derechos intrínsecos como personas, pero sí la obligación de obedecer a los adultos que cuidaban su proceso de socialización: el padre, los maestros, los custodios.

De este modo, la categorización social de la infancia atravesó por un largo y arduo proceso, desde el reforzamiento del poder ilimitado de las personas adultas sobre los niños, niñas y adolescentes para “facilitar su socialización”, hasta un exacerbado cuidado paternalista, y culminó en la concepción del niño como un actor cuya capacidad, competencia y creatividad son determinantes en el proceso de construcción de las relaciones sociales y culturales de la sociedad en su conjunto. 

Mediante esta nueva categoría social y jurídica se transitó de una concepción asistencial de las obligaciones y responsabilidades que las personas adultas tiene frente a las necesidades de la infancia, hacia una nueva: la doctrina de la protección integral.  Esta doctrina comprendió un respeto a la dignidad de niños, niñas y adolescentes en tanto seres humanos.

A lo largo de este proceso el Estado fue asumiendo un papel cada vez más activo y se fue reconociendo, paulatinamente, que el bienestar y la protección de la infancia deberían ser consideradas como una prioridad social y de gobierno.

Las primeras bases de ello se encuentran en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y en la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 30 años después, en 1989, instrumento que ha sido firmado y ratificado por casi todos los países miembros y no miembros de las Naciones Unidas.

Esta nueva doctrina transformó el pensamiento jurídico y social respecto de la infancia –dentro de la cual se incluían en esta época a todos aquellos individuos menores de 18 años, de tal manera que de considerarlos como seres menores e incapaces, objetos de actitudes paternalistas, tutelares y asistenciales, se pasó a reconocer la dignidad intrínseca que como seres humanos poseen, por lo que, son capaces de pensar, razonar, expresar una opinión, y tienen derecho a disfrutar de todos y cada uno de los derechos humanos, al igual que los adultos, en un plano de igualdad y de manera integral.

En este marco, me parece importante resaltar, en particular, algunos de los derechos humanos fundamentales, los derechos sociales. Existe un vínculo estrecho entre salud, agua, saneamiento, educación y nutrición en la infancia. Contar no sólo con planteles escolares a los cuales asistir, sino con planteles escolares equipados y dignos de ser utilizados; disfrutar de mejores condiciones no sólo en el hogar, sino también en la comunidad que motiven mejores relaciones interpersonales entre las familias y sus integrantes; contar no sólo con alimentos, sino con la calidad y oportunidad adecuadas de éstos y tener no sólo derecho, sino verdadero acceso a servicios de salud, son sólo algunas de las aspiraciones que materializan los derechos sociales de los niñas, niños y adolescentes y les permiten contar con mejores oportunidades de desarrollo. 

Por ello, la política de desarrollo social del gobierno del estado ha dado un impulso sin precedentes a la construcción de infraestructura social y al combate a la pobreza y el rezago social, de tal modo que a la fecha 9 de cada 10 poblanos cuentan con electricidad, agua potable y alcantarillado; se ha realizado una inversión de 74 millones de pesos en alumbrado público; en el último año se logró superar la media nacional de cobertura de drenaje; se han destinado recursos para equipar a los sistemas de recolección de basura en los municipios poblanos mediante la compra de camiones; se han acercado a comunidades aisladas y marginadas servicios médicos a través de unidades móviles de salud, se sirvieron desayunos escolares para 340 mil niños, y se ha dotado a las escuelas de más y mejor infraestructura como computadoras, remodelación de aulas, instalaciones sanitarias y ampliación de instalaciones.

En particular, en lo que respecta al plano educativo, durante el presente ciclo escolar se dieron importantes logros en esta materia en Puebla.  Se alcanzó prácticamente la cobertura universal y se mejoró de manera notable su calidad. Esto es, en cuanto a la cobertura, en preescolar se alcanzó el 90 por ciento, en primaria el 94.9 y en secundaria el 90.5 por ciento. Esto hizo posible que 9 de cada 10 niños en edad escolar cursen la educación básica. 

Por lo que hace a la enseñanza media, durante dicho periodo se alcanzó una cobertura de 64.3 por ciento, es decir, 3.4 por ciento más que el promedio nacional. Esto lo logramos mediante la construcción de 18 bachilleratos que atienden a más de 13 mil nuevos alumnos.

Además, se otorgaron 470 mil becas a alumnos de todos los niveles educativos, se distribuyeron más de 12 millones de libros de texto gratuitos y más de la tercera parte de los niños de primaria reciben gratuitamente útiles escolares. Asimismo se entregaron 15 mil anteojos y 5 mil bicicletas.  Todo en beneficio del bienestar y la superación de los niños, niñas y adolescentes de Puebla, que no omito mencionar, constituyen poco más del 40 por ciento de nuestra población.

Sobre la calidad educativa, en la última medición de la prueba Enlace, los alumnos de primaria mostraron un importante avance, al incrementar en 6.8 puntos porcentuales las competencias en matemáticas y 6.5 en español. Caso similar se presentó en secundaria.

Estos, sin duda, representan importantes avances para la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes poblanos, al tiempo que también sin duda nos obligan a refrendar nuestro compromiso, pues los rezagos a los que aún nos enfrentamos son numerosos, pero la esperanza y el anhelo de nuestros niños son aún mayores.