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El ayuntamiento de San Andrés Cholula no le condonará a la Universidad Autónoma de Puebla los seis millones de pesos que adeuda de impuestos del Complejo Cultural Universitario, por lo que el rector Enrique Agüera Ibáñez tendrá que pagar forzosamente, en especie o en dinero, sentenció el edil David Cuautli Jiménez, quien de paso se deslindó de actos de chantaje a empresarios inmobiliarios.

En respuesta a los comentarios de la abogada general de la máxima casa de estudios de la entidad, María Esther Gámez Rodríguez, en el sentido de que el monto por alineamiento, número oficial y permiso de construcción del Complejo Cultural Universitario no serán cubiertos toda vez que la Ley establece que los bienes escolares son equiparables a los del dominio público del estado, y por lo tanto, no pagan impuestos, el edil san andreseño advirtió que acudirá a las instancias que sean necesarias para cobrar el adeudo.

Aunque advirtió que no contempla clausurar el inmueble, porque no quiere confrontarse con el rector Enrique Agüera Ibáñez, puntualizó que así como la institución busca el beneficio de la comunidad universitaria, “el municipio necesita de los seis millones de pesos para otorgar más y mejores servicios a los habitantes de San Andrés Cholula”.

Cuautli intentó mostrar una faceta generosa al aclarar que el monto total del adeudo por impuestos superó los diez millones de pesos pero que por tratarse de la institución pública más prestigiada de la entidad, “se les hizo un buen descuento”, dejando el monto en seis millones de pesos.

Para que ninguna de las partes involucradas “salga dañada” el munícipe sugirió que el rector puede autorizar el pago en especie, a través de becas para estudiantes del municipio san andreseño y apoyando en la conformación de expedientes técnicos de diversos proyectos urbanos en puerta.
Por otra parte, Cuautli Jiménez y su secretario de Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez, enfrentan un denuncia penal, la 125/2009-DMS-3, de la empresa Torres Inteligentes de Puebla, SA de CV, debido a que han retrasado más de dos meses la entrega de alineamientos y números oficiales de su desarrollo.

A pesar de que el propio Felipe Velázquez reconoce que ya están terminados los documentos desde el mes de diciembre del año pasado, pero por “instrucciones precisas” del presidente municipal panista no los puede entregar, aunque la empresa cumplió ya con todos y cada uno de los requisitos para satisfacer el trámite oficial.

El Ayuntamiento incurre en daños y perjuicios, ya que por la negativa de Cuautli de entregar la documentación antes citada, le ha generado a la empresa multas que tienen que cubrir a los compradores de su desarrollo y que a fin de cuentas tendrán que ser pagadas por el ayuntamiento, ya que es imputable a ellos que el trámite no se entregue cuando está elaborado.

Otros empresarios del ramo preparan denuncias porque cualquier proyecto de inversión que pretendan ejecutar en San Andrés es objeto de “mordidas”.

En respuesta, el edil se deslindó de actos de chantaje a empresarios inmobiliarios al justificar la morosidad para liberar licencias y permisos con el argumento que de “la revisión de la documentación oficial siempre lleva un procedimiento muy largo”.

Sin embargo, el discurso de “cero corrupción” fue aplanado por completo con la manifestación que encabezaron, por segunda ocasión, elementos de la dirección de Seguridad Pública para denunciar el abuso de poder, acoso sexual, extorsión y corrupción del titular Sergio Arturo Montiel Hernández, quien fue cesado ayer mismo del cargo en sesión extraordinaria de cabildo. En su lugar se designó a Jorge Chantes Amaxal, quien fungía como director de Seguridad Vial en el municipio.

Además de las demandas por chantaje que enfrenta de empresarios inmobiliarios, derivado de las denuncias que por corrupción y nepotismo presentaron y presuntamente comprobaron algunos de sus ex funcionarios; y del enfrentamiento con el rector de la UAP,  el presidente municipal de San Andrés Cholula tiene cuentas pendientes con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado que le giró un pliego de observaciones por diversas irregularidades, principalmente en obra pública y por contratación de personal.

El munícipe tiene 15 días para solventar las deficiencias, de lo contrario, se hará acreedor a una severa sanción económica informó la presidenta de la Comisión Inspectora, Rocío García Olmedo.