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Con la muerte de Edward F. Kennedy, no solo se marca el fin de una influyente dinastía del Estado de Massachusetts en la política moderna de Estados Unidos, sino que se inscribe en una era de dramáticos cambios que hoy enfrenta esa nación. El menor de los Kennedy fue un hombre que conoció el triunfo y la tragedia, pero que será recordado como uno de los senadores más efectivos en la historia legislativa de su país. Fue el menos famoso de esa generación que llegó a encarnar el glamour, el idealismo político, la tragedia y la muerte anticipada en las élites políticas de su país. El mito Kennedy –como algunos lo llaman- capturó la imaginación del mundo por décadas y, aunque llegó a descansar sobre los hombros, logró cambiar ese rumbo marcando su propia historia.

En efecto, Ted Kennedy sirvió durante 46 años a la política de su país y fue el Demócrata más conocido en el Senado. Fue además el único de sus hermanos dedicados a la política que murió después de alcanzar la edad madura. Tanto el Presidente John F. Kennedy como el Senador Robert F. Kennedy, fueron asesinados alrededor de los 40 años. El hermano mayor, Joseph P. Kennedy Jr., murió a los 29 años mientras participaba en la II Guerra Mundial. Sin la prosapia de sus antecesores, Edward estuvo cerca o en el centro de buena parte de la historia estadounidense en la última parte del siglo XX y los primeros años del XXI. Durante buena parte de su vida adulta pasó de la victoria a la catástrofe, ganando cada elección para el Senado en la que participó, pero fracasando en su único intento para la presidencia. Pasó por las repentinas muertes de sus hermanos y tres de sus sobrinos, además de que soportó la responsabilidad por el ahogamiento de Mary Jo Kopechne, ex subalterna de su hermano Robert, en la Isla Chappaquiddick. Asimismo, casi resultó muerto en 1964 en un accidente de aviación que le dejó problemas en la espalda y el cuello. Fue una figura emblemática en el Senado y la vida, reconocible de manera instantánea por su mechón de cabello blanco, su rostro grande y rojizo, sus resonantes zapatos de piel, su paso potente y dificultoso. Era una celebridad, a veces una parodia de sí mismo, un cálido amigo, un adversario implacable, un hombre de enorme fe y grandes defectos. En fin, un personaje melancólico y perseverante, que bebía copiosamente y cantaba de manera estridente canciones mexicanas. Era, como dijeran mucho, todo un Kennedy.

Nacido en una de las familias más acaudaladas de Estados Unidos, Edward Kennedy habló por los oprimidos en su vida pública mientras llevaba una imprudente vida privada de playboy y actuaba como un libertino durante las noches y fines de semana. Descartado desde las primeras etapas de su carrera como un sucesor indigno de sus reverenciados hermanos, ganó no solamente estatura por su longevidad sino por ceñirse a los principios liberales y frecuentemente cruzar el cisma partidista para promulgar legislaciones. Pese a que no fue un hombre de apetitos políticos descontrolados. a veces incorporó a su trabajo público un impresionante catálogo de logros legislativos en materia de políticas sociales. Kennedy dejó su huella en las legislaciones de derechos humanos, salud, educación, voto para minorías y empleo. Al momento de su muerte fungía como Presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. Fue más que un legislador una leyenda viviente, cuya presencia garantizaba una nutrida concurrencia y figuraba como un referente para muchos presidentes.

Kennedy luchó durante buena parte de su vida con su peso corporal, con el alcohol y sus persistentes historias de mujeres. Su vida personal se estabilizó en 1992 tras contraer matrimonio con Victoria Ann Reggie, una abogada de Washington. Su primer matrimonio con Joan Bennet Kennedy, terminó en divorcio en 1982. Nacido el 22 de febrero de 1932 en Brookline, Massachusetts, Edward Moore creció en una familia de reconocidos políticos. Tanto su padre, Joseph P. Kennedy, como su madre, Rose Fitzgerald, provenían de prominentes familias irlandesas y católicas con una larga participación política y militancia en el Partido Demócrata de Boston y Massachusetts. Su padre, quien hizo una fortuna en el campo de los bienes raíces, el cine y la banca, fue durante la administración del Presidente Franklin D. Roosevelt el primer presidente de la Comisión de Valores y Cambio, además de Embajador en Gran Bretaña. Aunque su padre lo hubiera calificado –por su talento e inteligencia- en el cuarto lugar de sus hijos, para muchos analistas él tenía su propio brillo, distinto al de sus hermanos pero largo y mucho más constante. En ese sentido, si se examina objetivamente el impacto de los Kennedy sobre la política de su país, Edward termina siendo el más significativo por mucho.

Ted Kennedy nunca pudo lograr lo que muchos estimaban era su destino, la presidencia de Estados Unidos. Perdió la nominación Demócrata ante el entonces presidente James Carter en 1980, en medio de una serie de escándalos. Pero más allá de eso, su aspiración presidencial se había desmoronado desde el controvertido incidente de Chappaquiddick. Esa noche del 18 de julio de 1969, Kennedy había ido a una fiesta a la que asistieron varias chicas que trabajaron para la campaña presidencial de su hermano Robert, asesinado el año anterior. Poco antes de la medianoche, Kennedy salió con una chica de 21 años que lo acompañaba. Al pasar por un puente el automóvil volcó y quedó sumergido en el agua. Kennedy pudo escapar ileso, pero la joven murió ahogada. Ted afirmó haber intentado salvarla, pero esperó hasta la mañana siguiente para informar a la policía sobre la tragedia. La justicia lo condenó a dos meses de libertad condicional por abandonar la escena del accidente, pero su aspiración a la presidencia quedó arruinada para siempre. No obstante, ese accidente marcó también su verdadero destino porque finalmente quedó en libertad de enfocar con pasión y sagacidad política lo que fue un llamado más natural, el ser uno de los maestros legisladores y grandes reformadores en el Senado. La actuación de Kennedy después de 46 años sólo puede ser envidiada por sus pares a medida que comparten con el resto del país el dolor de su desaparición. Es un legado anclado en la insistencia de que la política debe ser abordada y administrada a través del prisma de las necesidades humanas. Junto con su duramente ganada maestría de los detalles parlamentarios y de una voluntad de cruzar las líneas partidarias para ganar votaciones cruciales, el indeclinable liberalismo de Kennedy dejó un robusto legado: leyes que fueron hitos en derechos civiles, el sistema judicial, los refugiados, la seguridad social, la política exterior (fue uno de los 23 senadores que votaron en contra de la invasión a Irak), derechos humanos, capacitación laboral, educación pública y salario mínimo.

En 2008, en una agridulce despedida ante la Convención Demócrata que nominó a Barack Obama, azuzó a su partido para que actuara en lo que definió como "la causa de mi vida": la atención de la salud con calidad como un derecho fundamental de los ciudadanos. Su destino forjado en la tragedia y expresado de manera por demás elocuente cuando abandonó la lucha por la presidencia fue simple: "El trabajo continúa, la causa perdura, la esperanza todavía vive y el sueño nunca morirá". En sus discursos finales, explícitamente entregó ese destino al presidente Obama. Su fallecimiento puso fin al dominio de su familia en el Partido Demócrata pero, sobre todo, dejó al actual Presidente sin un aliado crucial en su dura batalla en el Congreso para aprobar la reforma al sistema de salud.
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Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Inmigración, arriban al país unos 56 mil inmigrantes españoles por año. Y, aunque la mayor comunidad de este origen se encuentra actualmente en la ciudad de México, existen también grandes concentraciones en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, León, San Luis Potosí, Cuernavaca, Veracruz, Xalapa, Tijuana y Cancún. La presencia española en México data, como es sabido, desde el siglo XIV y mantuvo un coloniaje de casi tres siglos. Su impacto fue fundamental para el México del siglo XIX, heredando lengua, costumbres, religión y un patrimonio cultural de gran valor. No obstante, también generó múltiples consecuencias económicas, políticas y culturales que incidieron en su desarrollo. La guerra civil española de mediados de los años treinta (siglo XX) produjo también una importante emigración de miles de ciudadanos hacia México. Pero a diferencia de las emigraciones anteriores, esta incluyó a destacados intelectuales, artistas o profesionales que fueron decisivos en la construcción del México contemporáneo. En primera instancia ellos se refugiaron en Francia como consecuencia de la guerra, pero posteriormente se trasladaron a distintos países del continente americano. Numerosos españoles defensores de la República que, con la instalación del régimen dictatorial de Francisco Franco sólo podían esperar la persecución y la cárcel o incluso la muerte de ellos y sus familias, huyeron de sus ciudades para establecerse en toda América, desde Argentina hasta Estados Unidos. En muchos casos continuaron ejerciendo la misma profesión, por lo que su contribución al desarrollo cultural, científico y técnico de los sitios de recepción fue notable y, en muchos casos, fundamental.

El caso más relevante de esa emigración es México, donde por ese entonces fungía como presidente Lázaro Cárdenas. Él prestó ayuda al gobierno legítimo de la República Española hasta el último día de la guerra, para después permitir que en el exilio se estableciera en México. Lázaro Cárdenas enfrentaba el reto de institucionalizar el régimen surgido de la Revolución Mexicana, dándole la estabilidad necesaria para garantizar las condiciones políticas, institucionales, económicas y culturales para un proceso de modernización a gran escala. No obstante, la mayor parte de las ofertas revolucionarias seguían pendientes e inexistente la posibilidad de que se cumplieran sin cambios profundos en los fundamentos de la sociedad mexicana. Estaba convencido de que la reforma del pensamiento era un paso previo a ese cambio. Cárdenas y sus asesores comprendieron que la aportación del exilio español podría ayudar a esos propósitos, por lo que ofreció a los republicanos españoles la posibilidad de trasladarse al país. Esta decisión produjo una emigración masiva con un alto nivel de calificación, donde cientos de intelectuales, artistas, literatos, filósofos, científicos, arquitectos e ingenieros se establecieron en suelo mexicano y la mayoría se integraron definitivamente. Las primeras oleadas de refugiados llegaron a México en los buques Sinaia, Ipanema y Mexique. Los historiadores estiman que México acogió a cerca de 25 mil ciudadanos de ese país entre 1939 y 1942, gran parte durante el gobierno del Presidente Cárdenas. De estos refugiados se estima que la inmigración intelectual o de elite, se conformó por aproximadamente un 25% del total. La mayoría de los inmigrantes se disgregaron rápidamente. Antes de ellos comenzaron a llegar los primeros grupos, alrededor de 500 niños invitados por las autoridades mexicanas para protegerlos de los desastres de la guerra (conocidos como los Niños de Morelia) y una treintena de intelectuales para quienes se fundó la Casa de España en México, de manera que pudieran realizar investigaciones y trabajar en su especialidad lejos del ambiente bélico. Algunos de ellos regresaron a España después de la guerra civil, pero la mayoría se estableció definitivamente en ciudades mexicanas. En ellas los españoles fundaron diferentes asociaciones, como las beneficencias españolas o los clubes de servicio. Se destaca también que en mayor número llegaron competentes obreros y campesinos, así como militares, marinos y pilotos, políticos, economistas y hombres de empresa.

De acuerdo a Clara Lida, “fue Daniel Cosío Villegas -encargado de negocios de México en Portugal- quien concibió la idea de que México acogiera a científicos e intelectuales españoles para que continuaran sus actividades mientras la República luchaba contra el fascismo y se decidía el futuro de España”. Asimismo, para el escritor Antonio Alatorre, “la tarea que realizaron (los exiliados) fue de un valor inapreciable, con un antes y después de esos grandes hombres”. Entre las muchas aportaciones de los cientí¬ficos españoles fue la creación de la revista Ciencia, fundada por Ignacio Bolívar. Su contribución al desarrollo mexicano fue inestimable en todos los aspectos. Puede recordarse como ejemplo señero la creación de El Colegio de México, los colegios Madrid y Luís Vives, la positiva influencia en el mundo editorial (Fondo de Cultura Económica, Joaquín Mortiz y Siglo XXI Editores) o la inestimable contribución al desarrollo del conocimiento en la Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Para el museógrafo Fernando Gamboa, “un gran número de ellos honró nuestro suelo con sus restos mortales”. Entre ellos son de mencionar Luis Buñuel, Rodolfo Halffter, Remedios Varo, Roberto Fernández Balbuena, quien junto con Sánchez Cantón, Rafael Alberti, Renau y Ceferino Colinas, salvó los tesoros del Museo del Prado transportando sus colecciones a Ginebra bajo el fuego de bombardeos aéreos en un enorme convoy formado por más de treinta inmensos camiones. La lista también incluye a los doctores Pedro Bosch i Gimpera, el oftalmólogo Manuel Márquez, Enrique Díez-Canedo, Ramón Xirau, José Giral, José Puche, Juan Comas, los entomólogos Ignacio y Cándido Bolívar, José Gaos, Adolfo Salazar, el economista Antonio Sacristán, Pí Suñer, Bernardo Giner de los Ríos, Max Aub, Emilio Prados, Eduardo Ugarte, Pedro Garfias, Luis Recaséns Siches, Eugenio Imaz, Alardo Prats, Agustí Bartra, Juan Rejano, el poeta León Felipe, Félix Candela, Luis Cernuda Ceferino e Isabel Palencia, Ricardo Vinós, Rubén Landa, Margarita Nelken, Adrián Vilalta, Concha Méndez, Demófilo De Buen, Mariano Ruiz-Funes, el general José Miaja, el defensor de Madrid, Enrique F. Gual, Otto Mayer Serra, los sacerdotes católicos José Ertze Garamendi y José María Gallegos Rocafull, además de Juan Naves y muchos otros”.

El reestablecimiento de las instituciones republicanas en el exilio se asentó en el principio de la legitimidad y el refrendo de la voluntad popular, consultada mediante elecciones libres en febrero de 1936. Esta legitimidad continuaría vigente en tanto el pueblo soberano no pudiera volver a expresar su opinión en elecciones libres. Por ello, el Estado mexicano no reconoció al gobierno de Francisco Franco y el único representante legítimo de España eran los españoles exilados en Europa, América y el norte de África. En agosto de 1945 el Presidente Ávila Camacho facilitó la reorganización de las instituciones republicanas españolas y reconoció la legitimidad de la República española en el exilio hasta 1977. En agosto de 1945 las cortes españolas se reunieron en México y en noviembre ratificaron su confianza al gobierno presidido por José Giral, a quién el Presidente de la República, Diego Martínez Barrio, había encargado su formación. Esto implicaba la reorganización de los organismos ministeriales dentro del marco y la administración central de un Estado sin territorio que proyectaba sus estructuras sobre una comunidad específica: la de los exiliados españoles, A la muerte de Franco y la expedición de la nueva constitución, aproximadamente unos 25 mil ciudadanos mexicanos, pudieron adquirir o readquirir la nacionalidad española gracias a la Ley de la Memoria Histórica. Una norma que busca reconocer y ampliar los derechos de quienes sufrieron la Guerra Civil (1936-1939) y la represión de la dictadura (1939-1975). La ley regula la obtención de la nacionalidad para los hijos y nietos de los emigrantes y exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Según ella pueden adquirir la nacionalidad española los hijos de padres o madres nacidos en España y que actualmente viven en el extranjero, así como los nietos de personas que perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En ese contexto, el pasado mes de junio se conmemoró el 70 aniversario del exilio español en México con actividades en el estado de Veracruz, a cuyo puerto arribó en 1939 el buque Sinaia con el primer grupo de refugiados españoles de la guerra civil. En aquel primer buque viajaron poetas, historiadores, filósofos, fotógrafos, dibujantes, intelectuales y artistas, pero también mineros, agricultores, ganaderos, albañiles, artesanos, empleados, comerciantes, médicos, abogados y maestros. Por ello, a 70 años de aquel histórico recibimiento, se desarrollaron ciclos de cine, conferencias, mesas redondas, talleres de gastronomía, música y exposiciones relacionadas con las aportaciones científicas, artísticas y culturales de los exiliados que con el tiempo hicieron suyo este país. Y aunque la España actual está consciente de la realidad del exilio, los aportes son poco conocidos y, por ende, escasamente valorados por una sociedad que prefiere no recordar ese pasaje de su historia. Ante ello, el gobierno del Estado de Veracruz ha editado una memoria conmemorativa con los datos de todos los pasajeros del Sinaia: nombre, edad, ocupación y descendencia. Un verdadero esfuerzo por reconocer las valiosas aportaciones de estos hombres universales al desarrollo cultural del México contemporáneo.

Especialista en Comunicación y Desarrollo

Uno de los problemas conceptuales de los especialistas en Comunicación que asesoran desde hace tiempo al gobierno federal, es que conciben su actividad en términos de posicionamiento institucional e imagen pública de los funcionarios y no como un conjunto de procesos dinámicos de interacción simbólica y circular entre gobernantes y gobernados. Para ellos lo más importante es persuadir a la sociedad, justificar las decisiones del gobierno y dar legitimidad a sus argumentos, cuando la misión de la comunicación gubernamental en un contexto democrático consiste en construir consensos con los diferentes grupos ciudadanos y generar la confianza pública necesaria para una mejor gobernabilidad. En tal forma, la postura de difundir los discursos oficiales en forma vertical y como verdad no cuestionable -desatendiendo las necesidades sociales o, incluso, las evidencias objetivas de una realidad compleja-, ha colocado al gobierno actual y sus funcionarios de primer nivel en un estado de indefensión ante los analistas políticos y el juicio de sectores influyentes de la opinión pública. Porque más allá de los índices de aceptación –siempre relativos-, los márgenes de presencia en medios –claramente subjetivos- y el apoyo de distintos comunicadores –sustancialmente cambiante-, lo esencial en un plan de comunicación gubernamental es el diálogo político permanente que se establezca con la ciudadanía mediante espacios de encuentro y reflexión que coadyuven al desarrollo democrático y una mejor cultura cívica de la población. Cuando las estrategias se centran en los medios las condiciones del proceso se alteran y limitan las posibilidades de interacción y acuerdos, dando lugar a muy diversos sesgos de percepción que en la práctica resultan muy difíciles de atender.

Esto ha sucedido de manera recurrente en el tratamiento mediático de la guerra contra el narcotráfico, donde las alegorías de entusiasmo y patriotismo de la mercadotecnia gubernamental y la cobertura persistente de los medios han confrontado y distorsionado el sentido de esta acción pública en beneficio de la sociedad. Con ello no quiero decir que la política sea inconveniente o innecesaria, sino que la manera como se comunican desde el gobierno los avances y logros de esta lucha no es la adecuada, ni corresponde con la expectativa social de mejores condiciones de vida y estabilidad. Por el contrario, en su afán por convencer a la sociedad de la efectividad de las movilizaciones militares y policíacas se ha generado un clima de incertidumbre, el cual se ha recrudecido por la recesión económica mundial. De igual forma, el gobierno se ha visto rebasado por la cruenta realidad de la violencia, corrupción e impunidad, donde las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia aparecen en el discurso de los medios como entes desintegrados, incapaces de conducir, proponer y liderear la lucha y revertir los procesos hacia estadios mayormente controlables. En las informaciones mediáticas los funcionarios federales –incluyendo al Presidente de la República- se ven más preocupados por responder cuestionamientos y aclarar declaraciones de propios y extraños, que emprender políticas públicas verdaderamente innovadoras y eficientes que respondan, en cierta medida, a las urgentes demandas sociales. Falta congruencia y sentido de integralidad en la comunicación gubernamental, en la cual la sociedad percibe un doble discurso que confronta la realidad práctica con los enunciados formales. Por ello, cada vez la ciudadanía se convence más que el complejo fenómeno de la violencia generalizada se encuentra íntimamente relacionado con la corrupción en los distintos órdenes de gobierno y la impunidad que erosiona seriamente la estructura del estado de derecho.

En otro escenario por demás alegórico, los especialistas del gobierno inducen a los funcionarios hacia la defensa de una política económica que ha quedado desprovista de evidencias ante la avasallante dinámica de la recesión internacional. En ese contexto, frente a la postura crítica del ingeniero Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más influyentes en el mundo de los negocios, se ha llevado al Presidente Felipe Calderón a una defensa ultranza de sus políticas anticrisis con un pobre argumento que mediante la descalificación y el entusiasmo reduce las manifestaciones de la recesión a un asunto de unidad y compromiso entre los distintos sectores. Slim ha explicado las razones de la crisis mundial, las cuales resultan claves a la hora de implementar políticas públicas en el contexto local. Señalado que vivimos una crisis de confianza a nivel mundial y que ello ha provocado reacciones fuera de proporción. El miedo de los inversionistas ha hecho que se propague la crisis como un virus a nivel mundial. Ya se contagió Europa, Asia y también México, dice el inversionista, aún cuando nuestros gobernantes lo nieguen porque creen que lo peor es propagar el pánico. El tamaño del golpe dependerá de lo que hagan los gobiernos de los países más grandes del mundo, la rapidez con la que lo hagan y el impacto que esto tenga a nivel de empresas y personas. Slim ha dicho que es incierto cuánto tiempo durará esta crisis mundial, se habla de un mínimo 6 meses y un máximo de 2 años. Lo importante primero es entender el por qué se dio y aprender la lección. Asimismo, no dejarse llevar por gente alarmista, sean estos periodistas o gente cercana. Los mexicanos tienen derecho a estar informados, el gobierno debe hacerlo y no confundirlos con juicios optimistas. El país enfrentará el mayor desempleo de su historia, así como una caída en su Producto Interno Bruto y el cierre masivo de empresas, manifestó el empresario.

En contraposición el Presidente Calderón y diversos funcionarios de primer nivel, han calificado como exageradas las afirmaciones del empresario sin querer reconocer que la economía mexicana enfrenta la peor situación de los últimos 80 años. Ellos aceptan que va a ser un año difícil en materia de empleo, pero no de las proporciones de las crisis anteriores. “Si vemos lo que pasó en 1995, ha dicho Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda, el crecimiento del PIB fue negativo entre el 6 y 7 %, pero hoy nadie espera que caiga en esas proporciones”. Werner también ha expuesto que la encuesta del Banco de México habla de una cifra de desempleo en el año de entre 200 mil y 250 mil personas. Por lo anterior, nadie sensatamente informado entiende cuál es el propósito de la comunicación del gobierno federal y la razón por la que mantiene un optimismo que peca de subjetivo y afecta fuertemente la credibilidad social en las instituciones, las políticas públicas y el rumbo del país. Es responsabilidad de los comunicadores públicos alertar a la ciudadanía y dotarla, más allá de criterios mercadológicos, de la información necesaria para no verse avasallada por los efectos de una crisis que apenas empieza pera ya perfila algunas de sus más hondas consecuencias, como la devaluación del peso frente a las divisas extranjeras, la reducción de las remesas, los ingresos del petróleo y el turismo, el alza en las tasas de interés, la ampliación del desempleo abierto y la reducción del crecimiento económico.  

Si comunicar es gobernar, entonces mal hacen los voceros gubernamentales en no informar adecuada y suficientemente a la ciudadana, consensar acuerdos con la sociedad y difundir con la veracidad necesaria para evitar mayores pérdidas en el capital político del mandatario en un momento electoral definitivo. Es necesario explicar sobre una amenaza que no es propia y no seguir alentando las distorsiones comunicacionales, porque ello puede marcar significativamente el destino de la presente administración federal.

Especialista en Comunicación y Desarrollo

El proceso para incorporar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas como parte integral de la gestión pública en Puebla se ha determinado, como lo han demostrado los estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Libertad de Información-México, A. C. (LIMAC) y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias  (CEEY), por un cúmulo de desaciertos, omisiones y contradicciones que evidencian las resistencias para eliminar de una vez por todas la discrecionalidad y opacidad en la administración pública. Y, aunque diversos funcionarios del Estado y los municipios, legisladores, líderes políticos e institucionales se empeñan en hablar de avances en la materia, los hechos muestran el permanente condicionamiento legal y administrativo que muchos servidores públicos realizan para obstaculizar la mayor transparencia en los actos de gobierno y, sobre todo, garantizar un acceso irrestricto de las personas a la información pública por ser este una garantía individual consagrada en la Constitución.

En materia legal, la anterior legislatura del Congreso ha pasado a la historia por haber aprobado en el año 2004 una de las peores leyes de Transparencia en el país. Dicha legislación ha sido fuertemente cuestionada por los estudios comparativos de prestigiadas instituciones, no solamente por sus graves errores técnico-jurídicos sino por la serie de inhibiciones que establecen a los interesados para acceder a la información gubernamental  -atentando contra el principio de máxima publicidad- y omitir sanciones de fondo a los servidores públicos que obstaculicen el cumplimiento de este derecho. De manera especial, se ha criticado que el órgano garante de la ley (Comisión de Acceso a la Información Pública, CAIP) esté supeditado al ejecutivo estatal y no cuente con la autonomía necesaria para una gestión pública eficiente. Adicionalmente, la reciente reforma legislativa para adecuar la inconsistente ley del 2004 a los términos y adiciones del artículo sexto constitucional constituyó ante la decepción social un ejercicio de poca significación y avance democrático, toda vez que la mayoría priísta en el Congreso no se atrevió a corregir las inconsistencias de fondo e inhibió muchas de las iniciativas para concentrarse en lo que a su juicio eran las adecuaciones más urgentes. En ese sentido, los avances que han señalado algunos legisladores no responden a las demandas ciudadanas, tampoco aseguran mayores espacios de participación ciudadana y mucho menos constituyen avances sustantivos para la vida democrática en la entidad.

En ese contexto, tanto los nombramientos de algunos consejeros del órgano garante como la gestión misma de la Comisión de Acceso a la Información Pública están hoy deslegitimados al no satisfacer las expectativas ciudadanas y enfrentar una grave pérdida de credibilidad. Si a ello se agrega que este órgano sido desplazado en la práctica por la Fiscalía Anticorrupción, la situación se torna por demás delicada. En efecto, la necesaria autonomía de gestión que una entidad de este tipo requiere se ha puesto en tela de juicio al reconocerse y comprobarse que el Consejero Presidente, Antonio Juárez Acevedo, ha violado la ley y contrapuesto uno de sus principios más elementales. Por ello, en breve habrán de tomarse decisiones sobre su muy inminente y hasta necesaria remoción. Del mismo modo, el Congreso habrá de elegir un nuevo miembro del organismo al finalizarse el periodo de Josefina Buxadé Castelán, mejor conocida como la consejera incómoda por haber mantenido una independencia frente al ejecutivo y brindar un apoyo permanente a las iniciativas ciudadanas. Son públicamente conocidas que las posturas contrapuestas entre estos comisionados responden más a intereses políticos que a discusiones que busquen enriquecer la dinámica democrática de los procesos.

Faltan pocos días para que la comisionada termine su encargo. Sin embargo, el presidente de la comisión respectiva en el Congreso ha informado que “en breve harán la solicitud formal para que se publique lo antes posible la convocatoria”. La Gran Comisión del Poder Legislativo es la responsable no sólo de publicar la convocatoria, sino de garantizar que los legisladores cuenten con  el tiempo necesario para analizar los perfiles de los aspirantes. No obstante, al igual que sucedió con la reforma a la ley los tiempos se acortan y nuevamente los diputados estarán limitados para verificar la información de los aspirantes al cargo y evitar casos como el del Consejero Presidente. Además de ello, es importante que el congreso incentive y asegure la participación de aspirantes de prestigio y trayectoria reconocida, que se realicen evaluaciones verdaderamente transparentes y asegure la designación de personas preparadas pero con una amplia solvencia profesional, ética y política. De acuerdo al artículo No. 26 de la ley, la CAIP se integra por tres comisionados que duran en su cargo seis años. No obstante, el 6 de enero de 2005 fueron nombrados por periodos de seis y cuatro años respectivamente los comisionados Juárez Acevedo y Buxadé Castelán.

De acuerdo a los tiempos y condiciones, los legisladores tienen nuevamente en sus manos la posibilidad de fortalecer institucionalmente los procesos de transparencia y rendición de cuentas en Puebla. De ellos depende que los nuevos consejeros sean personas aptas para el cargo y que su independencia y profesionalismo incidan en mejores procedimientos para la producción de información significativa que contribuya a decisiones que beneficien el desarrollo de la entidad.