Por: Valentín Varillas

Después del caso Tornero y la contundente prueba de que quienes están hoy para cuidarnos realmente se comportan en los hechos como vulgares ladrones de poca monta, bien vale la pena hacernos por enésima vez la misma pregunta:

¿Qué tanta confianza despiertan entre los ciudadanos los cuerpos de seguridad estatales?

Si basamos la respuesta en lo optimista del discurso oficial, los poblanos deberíamos de confiar ciegamente en quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos.

Por lo menos en la visión del presidente Calderón, la efectividad y certeza de las pruebas de confianza que implementa el Sistema de Seguridad Nacional a elementos de las diferentes corporaciones a lo largo y ancho del país deberían ser prueba suficiente de lo anterior.

No lo son.

A pesar de que se gastan cientos de millones de pesos anualmente en el diseño, perfeccionamiento, operación, implementación y valoración de estos mecanismos de control, no sólo siguen siendo ambiguos, sino que sus resultados resultan fácilmente manipulables.

Es decir, el gobierno federal no ha sabido hasta el momento aplicar los candados suficientes para evitar el manoseo de la información obtenida con la aplicación de las pruebas y la alteración de la misma con el objetivo de proteger delincuentes disfrazados de guardianes del orden.

Las entidades federativas, lejos de estar a la altura de cumplir con los objetivos planteados en la estrategia nacional de combate a la delincuencia, siguen manejando recursos e información con una discrecionalidad tal que evita que el trabajo conjunto entre niveles de gobierno en materia de seguridad pueda dar resultados concretos.

En Puebla, hace tiempo, se vivió una historia que demuestra claramente lo anterior y que parece que no ha cambiado a pesar de los supuestos nuevos tiempos que se viven en el servicio público estatal.

En enero de 2011, cuando gobernaba el marinismo, la federación procedió a realizar una auditoría al Centro de Control y Confianza dependiente del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El objetivo, analizar los resultados de las pruebas de confianza aplicadas en 2008, 2009 y 2010 a los uniformados locales, poniendo especial atención al período de Agosto a Diciembre del año pasado.

Aparentemente, los números resultaban impecables.

De acuerdo con los estándares normales de evaluación y los criterios de interpretación de las pruebas, Puebla tenía una policía ejemplar, con uniformados de probada confiabilidad por encima inclusive de la media nacional.

Impresionante ¿no?

Lo que nunca supieron los auditores del gobierno federal es que los buenos resultados obtenidos por los elementos locales se debían a la alteración de los resultados de las pruebas de confianza.

Según una invaluable fuente al interior del CESP, la orden la dio la entonces directora del consejo, Lourdes Nares Rodríguez, quien delegó la responsabilidad operativa de alterar los resultados a María de Lourdes Rosales, Directora del Centro de Control y Confianza (C3).

Para ello, intentó volcar a todo el personal administrativo que laboraba en el Consejo, quienes recibieron la orden de alterar, con su puño y letra, las evaluaciones realizadas a los uniformados y que habían arrojado resultados catastróficos en términos de los estándares requeridos por el Sistema Nacional de Seguridad.

El problema es que no todos los trabajadores del Consejo se prestaron a la farsa.

Algunos se negaron a realizar prácticas fácilmente tipificables como delitos.

Ante esto, Rosales y Nares procedieron a la contratación inmediata de estudiantes necesitados de un lugar en donde realizar sus prácticas de servicio social, a quienes para amarrarlos, se les pagaron 1,500 pesos quincenales.

¿Cómo la ve?

La historia parece de ciencia ficción, sin embargo, existen pruebas documentales de lo anterior y están contenidas en más de 100 cajas que desde hace meses duermen en sueño de los justos en una bodega ubicada en la 31 Poniente, en el número 1717 de la Colonia Volcanes.

Es claro que actualmente, los ciudadanos seguimos sufriendo por la manipulación y alteración a modo de las “infalibles” pruebas de confianza.

El actual gobierno, el de Rafael Moreno Valle, cojea del mismo pie.

La discrecionalidad y ambigüedad reinan cuando se trata de presentar información real, clara y concreta sobre el avance en la aplicación de las pruebas y todavía existen severas dudas sobre la confidencialidad y el manejo que se le da a los resultados de estas evaluaciones.

Si todo funcionara bien, tal y como se asegura en el discurso oficial, hechos como el vergonzoso robo de una moto infantil a manos de personajes de muy alta jerarquía en el organigrama del Consejo Estatal de Seguridad Pública no se repetirían más.

Es claro, clarísimo que muy poco ha cambiado.

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Twitter: @ValeVarillas