Por: Valentín Varillas

Ojalá, por el bien del país, sea cierto que el gobierno federal tiene pruebas contundentes de que los generales del Ejército Mexicano, arraigados hace unos días, tenían ligas con el narcotráfico.

Una falla similar al del tristemente célebre “michoacanazo”, podría resultar fatal para la recta final de uno de los sexenios más complicados en la historia moderna del país.

Fuentes de muy alto nivel en el ámbito castrense tienen severas dudas sobre la fortaleza jurídica del proceso que se le sigue a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, el general brigadier DEM Roberto Dawe González, y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.

Para ellos, más que procesos encaminados a demostrar la colusión de estos elementos con los grupos relacionados con la delincuencia organizada, se trata de un vulgar ajuste de cuentas que se da bajo la lógica de la lucha de partidos en la coyuntura de la elección presidencial de julio próximo.

Y es que, en el mundo militar, se sabe que los hoy arraigados mantenían vínculos con personajes ligados a Enrique Peña Nieto y que inclusive habrían participado en un evento para explicar la realidad nacional en materia de inseguridad, supuestamente organizado por gente cercana al candidato priista.

Al parecer no hay nada más, por lo menos no todavía.

Ante la falta de elementos concretos para incriminar a estos elementos castrenses, la Procuraduría General de la República recurrió a la siempre ambigua figura del arraigo, lo que sumado a una serie de irregularidades que han existido desde el inicio del proceso, arrojan mucho más dudas que certezas sobre la verdadera intención del gobierno federal en este caso.

Desde el inicio, trascendió en medios nacionales que los procedimientos estaban de origen viciados.

Los arraigados  fueron mantenidos por horas incomunicados y en el caso concreto de Ángeles Dahuare, la Siedo se negó a acreditar a su abogado defensor imponiéndole uno de oficio para enfrentar las acusaciones en su contra.

Insisto, sería muy grave que todas estas hipótesis se comprobaran.

Si bien es cierto que desde que Ernesto Zedillo decidió sacar al ejército a las calles para combatir al narco, hemos visto a figuras castrenses sucumbir ante los encantos corruptores de la delincuencia, también es cierto que los procesos legales que llevaron a esos militares a la cárcel eran de una fortaleza y congruencia jurídicas mucho mayores a los que hoy caracterizan el cierre del período de Felipe Calderón.

Con todo y sus errores de procedimiento y el gran yerro de concientizar y capacitar a sus elementos para evitar abusos de autoridad, el Ejército se ha caracterizado por su gran aporte a la gobernabilidad del país, en un tiempo en donde la debilidad institucional parece ser la característica principal del México actual.

Así fue en el 2000 con el fin del régimen de partido único.

Así fue en el 2006 después de las severas dudas con la que se resolvió aquella elección presidencial.

Así tendrá que ser en este 2012, independientemente del resultado final.

En este contexto, abrir un frente innecesario con personajes de alto peso en el mundo de las Fuerzas Armadas podría significar un auténtico suicidio para el todavía jefe del Ejecutivo.

Mucho más aún, cuando al término de su mandato y después de haberle declarado la guerra a todos y cada uno de los grupos delictivos del país, su seguridad y la de su familia dependerá por mucho tiempo de militares mexicanos.

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Twitter: @ValeVarillas