Por: Valentín Varillas

La semana pasada, compartía con usted en este espacio, las razones por las cuales es iluso pensar que el presidente Felipe Calderón no será un factor de peso específico en la contienda presidencial de julio próximo.

Que resulta imposible suponer que el panista se quedaría cruzado de brazos viendo como se le va de las manos el poder, teniendo el control absoluto del presupuesto federal y de los instrumentos de obtención, control y procesamiento de información que forman parte de la llamada inteligencia nacional.

Dos hechos recientes confirman lo anterior:

El miércoles de la semana se hizo pública una investigación que la Procuraduría general de la República ya realiza al ex presidente Vicente Fox, a sus esposa Marta Sahagún, a los hijos de ésta, Jorge Alberto y Manuel, además del representante legal de la empresa propiedad de ambos, Construcciones Prácticas.

De acuerdo con las autoridades federales, existen elementos para suponer que el ex mandatario federal y el primer círculo de la familia de su cónyuge se enriquecieron al amparo del poder, ya que sus ingresos declarados no corresponden con el valor real de sus propiedades.

Las diligencias que practicará la PGR en el caso Fox incluyen inspecciones oculares y la intervención de peritos valuadores para determinar con exactitud cuánto vale el total de los activos a su nombre, al de su esposa y al de sus hijastros.

Lo anterior no es nuevo, ni mucho menos.

Desde que Fox estaba en funciones, investigaciones realizadas por diversos periodistas apuntaban al tráfico de influencias y al desvío de recursos públicos de distintas dependencias del gobierno federal a favor de la “familia presidencial”.

Sin embargo, la investigación formal y su consecuente difusión se dan en la coyuntura electoral presidencial de este año y en contra de un personaje que no sólo ha sido uno de los más severos críticos de la actuación de Calderón como presidente, sino que abiertamente ha mostrado simpatías por el proyecto político que encabeza el priista Enrique Peña Nieto.

No hay nada de casual en esto.

Como tampoco es casualidad la detención por parte de la misma PGR de dos colaboradores cercanísimos del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por transportar en un avión oficial 25 millones de pesos en efectivo.

Sobra decir que los argumentos mediante los cuales los servidores públicos intentaron explicar el hecho, resultan un atentado en contra de la inteligencia más elemental: el pago a una empresa del DF que participará en eventos para la promoción turística del estado como la Feria de la Candelaria, El Tajín o el propio Carnaval.

Se trata, sin duda, de dinero destinado a la operación electoral y al mantenimiento de la costosísima estructura que utiliza el tricolor para obtener votos.

De hecho, el priismo poblano podría ser un daño colateral por esta incautación.

Y es que, después de la derrota del priismo en la elección local de 2010, por órdenes del entonces líder nacional del tricolor, Humberto Moreira, Javier Duarte se convirtió en una especie de mecenas para el tricolor poblano.

Desorientados por la falta de la tradicional línea oficial, la que sin duda normaba su actividad política y entregados sumisamente a los dictados del gobierno de Rafael Moreno Valle, desde lo más alto del priismo nacional se ha conformado un plan para evitar que el tricolor local muera de inanición a poco más de un año de que se lleve a cabo la elección más importante para el PRI en toda su historia.

Los focos rojos se encendieron por lo que significa Puebla en términos del potencial de votos que pudieran sumarle al proyecto de Enrique Peña Nieto, en el contexto de una elección cerrada como pudiera ser la presidencial del próximo año.

Por todo esto, no es casual que priistas poblanos acudan con una frecuencia inusual al vecino estado de Veracruz para encontrarse, ya sea con el propio Duarte, o con personajes de toda su confianza que tendrán un papel fundamental en la misión de rescate.

Por increíble que suene, uno de ellos es el panista resentido, Gerardo Buganza, actualmente Secretario General de Gobierno de la administración priista de Javier Duarte.

El tejido fino en lo político es su responsabilidad, consciente de que su rompimiento con los grupos de poder que controlan a Acción Nacional es ya irreversible.

Otra pieza importante en el éxito de esta estrategia es el propio Secretario de Finanzas veracruzano, Tomás Ruiz González, quien tiene que echar mano de sus más sofisticados dotes de alquimista financiero, para que lleguen los recursos necesarios para mantener en Puebla una estructura de operación electoral priista que tradicionalmente dependía de los recursos que llegaban desde diversas instancias del servicio público, estatal y municipal y que será imposible que subsista con los 400 mil pesos mensuales que recibe el tricolor local por concepto de prerrogativas.

El puente entre priistas poblanos y veracruzanos es, lógicamente, el delegado del CEN, Ranulfo Márquez Hernández, un hombre de amplísima experiencia política y que se encargó, ni más ni menos, de llevar a buen puerto la elección de estado que llevó a Javier Duarte a la gubernatura de ese estado.

Márquez, desde la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente veracruzana se encargó de la operación electoral de los programas sociales del gobierno de Fidel Herrera a favor del candidato del PRI, como medida efectiva ante el embate de Elba Esther Gordillo y su ejército magisterial que se la jugaron a favor de Miguel Ángel Yunes, candidato de la alianza opositora.

Poco después de la elección, en agosto de 2010, fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz para desde ahí, operar la estrategia legal y mediática del triunfo de Javier Duarte, una vez que la oposición impugnó la elección ante cada una de las instancias legales a las que tenía derecho de acudir.

¿Alguna duda?

Calderón está ya subido al ring electoral y va con todo.

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Twitter: @ValeVarillas