Por: Valentín Varillas

Esa seguramente es la pregunta que se hace el gobernador Mario Marín al ver el derrotero que ha tomado el proceso de ajuste de cuentas que las actuales autoridades estatales han iniciado en contra de funcionarios clave de la pasada administración.

La inminente encarcelación de quienes tenían en sus manos carteras importantes como Salud y Obra Pública son golpes durísimos, certeros no sólo a los marinistas en sí, sino a los gobiernos emanados del Revolucionario Institucional.

Se trata, sin duda, de un escenario que hasta hace pocos meses los mismos ex funcionarios consideraban “muy poco probable”.

Y es que, en el larguísimo proceso de transición que se dio a partir de la victoria de Rafael Moreno Valle en las urnas, los marinistas doblaron las manos y accedieron a prácticamente todas las exigencias que en su momento plantearon los virtuales nuevos jefes políticos del estado.

¿A cambio de qué?

Ellos creyeron que de impunidad.

No fue así y podría ponerse peor.

No descarte que en los próximos días el mismísimo ex gobernador decida poner tierra de por medio, para evitar un destino similar al de sus dos colaboradores.

Lo anterior en el contexto nacional haría que subieran como la espuma no sólo los bonos del actual gobernador poblano, sino los del Partido Acción Nacional, en un momento en donde la derecha nacional está urgida de acciones que le permitan mejorar su desempeño electoral con miras al proceso de julio.

Sin embargo, en su momento, llamó mucho la atención todas las concesiones que Marín decidió otorgarle a Moreno Valle.

Recuerdo en especial una reunión que se llevó a cabo entre ambos personajes allá en el nuevo Centro Expositor.

Duró cerca de 7 horas y sirvió para definir algunas cuestiones fundamentales para lograr el buen inicio del nuevo sexenio.

La línea del ex gobernador permitió que los entonces diputados locales aprobaran una capacidad de endeudamiento de hasta 2 mil 500 millones de pesos para financiar los gastos de inicio de la actual administración.

El propio Marín ordenó que los legisladores de su partido echaran para atrás las reformas a la Ley Orgánica del Congreso que tenían como eje central la desaparición de la Gran Comisión para dar paso a la creación de una Junta de Coordinación Política que se convierta en el órgano de dirección del legislativo poblano.

Al en ese tiempo gobernador electo no le pareció que un marinista de cepa como Lauro Sánchez, su coordinador de asesores, se convirtiera en el líder de la bancada tricolor en esta legislatura e inmediatamente se reculó en un nombramiento que ya se daba por un hecho.

Además, la mayoría tricolor decidió hacer modificaciones a la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2011 en el sentido de permitir que el gobierno de Moreno Valle contara con 8 mil millones de pesos adicionales, provenientes de la Federación, que no estaban etiquetados y que se integraron a un fideicomiso que fue utilizado en 2011 de acuerdo a las necesidades presupuestales del nuevo gobierno.

Por si fuera poco, Marín en su momento decidió autorizar una partida presupuestal adicional de 5 millones de pesos por concepto de “gastos inherentes al período de transición”.

Pero eso no es todo

Los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal que permitieron la creación de las supersecretarías morenovallistas que concentran actualmente el poder económico y político del nuevo gobierno en el círculo más cercano y de mayor confianza del actual gobernador y el hecho de que la administración marinista asumió el costo político del aumento a la tarifa del transporte público autorizado a principios de 2011.

Hoy más nunca queda en el aire la pregunta que da título a esta entrega.

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Twitter: @ValeVarillas