Por: Valentín Varillas

Con esta frase, Mario Marín inició una reunión con todos y cada uno de sus secretarios de estados y con directores de organismos descentralizados de la administración pública estatal una vez que era ya oficial la catástrofe electoral que había sufrido su grupo político en la elección local de 2010.

Consciente y en algunos casos hasta cómplice de las enormes irregularidades que se habían cometido en algunas carteras durante su sexenio, el entonces gobernador invitó a sus colaboradores a “limpiar la casa”, sabedor que el posible pacto político a sellar con el inminente nuevo jefe político del estado, no alcanzaría para protegerlos a todos.

Marín dejó bien claro que había al tiempo suficiente para que cada uno de ellos intentara cuadrar de la mejor manera posible números, documentos, contratos, licitaciones, gastos y cobranza y así estar preparados ante una inminente cacería de brujas que pudiera culminar con procedimientos administrativos o penales en su contra.

Seguramente algunos siguieron al pie de la letra la recomendación de su “patrón”.

Tal vez otros no.

Quizás algunos más quisieron hacerlo pero se encontraron con que era tanta la mierda a tapar, que una limpia, por muy exhaustiva que esta fuera, no serviría de nada para salvar su pellejo.

Lo cierto es que, más allá de esto y a pesar de que Marín dejó ben claro que no metería las manos al fuego por nadie, curiosamente sí lo hizo y a favor de Alfredo Arango, hoy en la cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito.

En los últimos días de su administración, el gobernador cabildeó intensamente con los entonces diputados locales para lograr una aprobación “exprés” de la cuenta pública de la Secretaría de Salud correspondiente al 2009, algo que de no haberse logrado, tendría hoy a Arango metido en un problema mucho más serio.

Hace poco más de un año, cuando estos hechos se dieron, publiqué una columna al respecto.

A la luz de los hechos recientes vale la pena compartirla con usted:

“VERGÜENZA LEGISLATIVA

“La estocada final a la prácticamente inexistente división de poderes en Puebla tuvo lugar el pasado jueves, durante una privadísima reunión que sostuvieron los diputados priistas de la 57 legislatura y el gobernador del estado, Mario Marín.

El mandatario local estaba furioso porque oficialmente habían anunciado el final de su responsabilidad como representantes populares, sin haber desahogado uno de los temas de mayor interés para él: la aprobación de la cuenta pública de la Secretaría de Salud, una de las carteras de gobierno que, desde el inicio del actual sexenio, ha estado en el ojo del huracán de la opinión pública por cuestionamientos relacionados con la entrega irregular de contratos a proveedores y prestadores de servicios.

Fue entonces cuando Marín, una  vez más, instruyó a sus autómatas levantadedos, a sus peleles incondicionales, sumamente maleables al “tacto político”  a regresar a la sede del congreso al otro día, convocar a una improvisada última sesión, a pesar del término oficial de los trabajos para darle el visto bueno a una serie de operaciones financieras irregulares que han resultado sumamente rentables para sus operadores.

Con un problema: la legitimidad.

La aprobación de la cuenta pública de la Secretaría de Salud votada sólo por los diputados del PRI, aunque aritméticamente resultaba suficiente no iba a ser políticamente creíble.

Era necesario convocar a diputados de los otros partidos para disfrazar la consigna y darle forma aun muy atractivo esquema de estímulos para garantizar su asistencia.

Así fue como el gobernador, personalmente, se dio a la tarea de ponerse en contacto con panistas, perredistas y petistas; los sensibilizó sobre la importancia que para él tenía la aprobación de la cuenta de Salud y de paso les ofreció un jugoso bono de fin de legislatura como una muestra de su agradecimiento.

Como era de esperarse, nadie se negó.

Paralelamente, el ejecutivo instruyó a Humberto Aguilar Viveros a operar cómo quedaría  la votación final del pleno.

Una aprobación por unanimidad resultaría sospechosa.

Una votación con un número importante de votos en contra resultaría incómoda para el régimen.

Había que llegar a un punto medio.

De esta manera, en una sesión atípicamente concurrida, con 40 diputados presentes de un total de 41, la valiente, independiente y combativa 57 legislatura aprobó la cuenta de los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Puebla.

Vergonzoso.

Sobre todo en el contexto de los constantes señalamientos que durante los últimos tres años realizaron los diputados de oposición sobre el tema.

¿Qué dirán los panistas que votaron a favor?

Para la historia quedará el hecho de que, más allá de su compromiso con la ciudadanía, al final sólo sirvieron de comparsa al gobierno que tanto criticaron.

Los anteriores diputados omitieron entrarle al tema, ya sea por descuido o para no convertirse en comparsa de uno de los asuntos que promete convertirse en pretexto perfecto para el inicio del socialmente tan anhelado procedimiento de ajuste cuentas entre administraciones.

Tal vez los priistas rehuyeron en su momento al inevitable juicio social, ese que vendrá cuando se destape la caja de pandora de la corrupción que prevaleció impunemente en esa dependencia y que involucra a funcionarios públicos de diferentes niveles y a empresarios que, gracias a ellos, se han convertido en multimillonarios instantáneos.

Nada de eso importó, todo al final se arregló con una lana.”

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Twitter: @ValeVarillas