Por: Valentín Varillas

Son, según el propio presidente de la República, el único medio efectivo para medir el grado de confianza de los elementos de las diferentes corporaciones policíacas en los tres niveles de gobierno y así determinar quiénes se quedan y quiénes deben de ser cesados de manera fulminante de sus funciones.

En esta lógica y de acuerdo a los compromisos signados entre el gobierno federal y las entidades, contenidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la aplicación de estas pruebas es obligatoria a lo largo y ancho del territorio nacional.

Según el propio mandatario, estas pruebas están diseñadas “a prueba de error”, es decir, miden una serie de variables médicas, toxicológicas, psicológicas, polígrafas y hasta socioeconómicas que, después de su interpretación e integración a una metodología específica, permiten determinar potenciales conductas delictivas o una mayor facilidad de caer en posibles adicciones por parte de los uniformados.

Como siempre, en el papel, lo anterior parece impecable.

En los hechos, sin embargo, las historias de cada día nos enseñan un panorama completamente diferente al que maneja Calderón en el discurso.

Las tan alabadas pruebas de confianza no han servido realmente para llevar a cabo una autentica limpia al interior de las corporaciones y mucho menos para terminar de una vez por todas con el maridaje perverso que desde hace décadas persiste entre delincuentes y policías.

Casi todos los días nos encontramos con hechos delictivos en donde se ven envueltos uniformados en funciones, que participan activamente en secuestros, homicidios, extorsiones, asaltos, tráfico de drogas y demás ilícitos.

Además, las corporaciones de seguridad nacional han sido infiltradas por la capacidad corruptora del crimen, organizado o del fuero común, a tal grado, que información supuestamente confidencial que tiene que ver con la implementación de operativos, estrategias de obtención y procesamiento de datos y demás acciones encaminadas a la protección ciudadana, llega con toda impunidad a manos de delincuentes.

Tal parece que en esta estrategia, según el propio presidente, el eslabón más débil son los estados del país.

Por lo menos así se lo reclamó a los gobernadores que asistieron el pasado 31 de octubre a la XXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en la capital del país.

En el evento, quedó clara la absoluta falta de coordinación que existe entre el gobierno federal y las entidades en lo que se refiere a las estrategias aplicadas en materia de seguridad.

Por ejemplo, el presidente ordenó a los mandatarios que que para mayo del 2012 los mandos altos y medios, así como la mitad de los elementos operativos deben estar evaluados.

Para los gobernadores, lo anterior resulta imposible ya que existen limitaciones presupuestales que el propio gobierno federal impone a los Consejos Estatales de Seguridad Pública, además de rotación injustificada, movilidad laboral, despidos y falta de homologación salarial.

Lo deseable contra lo posible.

Calderón dejó entrever, que existe  permisividad por parte de los gobiernos de los estados para no cumplir con los acuerdos elevados a rango de ley e implícitamente los acusó de la complicada realidad que se vive en materia de seguridad en algunas zonas de la República.

Conclusión: la tan cacareada coordinación entre niveles de gobierno en la lucha contra la delincuencia no es real, no existe; es sólo un ingrediente más que sazona el discurso político, pero que no se refleja en acciones concretas en pro del beneficio ciudadano.

Y mientras el presidente y los gobernadores hablan idiomas diferentes, la crudeza de los números oficiales indica que más de 16 mil elementos policíacos en todo el país han reprobado las pruebas de confianza, que algunos de ellos siguen laborando en las diferentes corporaciones y que el nivel de avance general en la aplicación de estas pruebas alcanza en promedio sólo el 26%.

Ahí la llevan.

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Twitter: @ValeVarillas