Por: Valentín Varillas

Como buena meretriz, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado siempre ha estado más que dispuesto a servirle al tlatoani en turno en su afán de utilizar la revisión de cuentas de entidades públicos como moneda de cambio de la negociación política.

No ha podido decir “no”.

Y es que, siguiendo la misma lógica que se aplica en el llamado “negocio más antiguo del mundo”, el que paga es el que manda.

Lamentable.

Hoy que se ha hecho público el desaseo y la parcialidad con la que operó esta instancia en el sexenio anterior, queda confirmado que en la labor de fiscalización del gasto público lo que menos ha importado es la frialdad de los números, sino la calentura de las filias y fobias personales o de grupo.

Lo grave del asunto que es que, si se confirma la llegada de David Villanueva como nuevo auditor general, otra vez criterios ambiguos como la amistad y la pertenencia de grupo podrían arrojar dudas severas sobre la imparcialidad de su labor al frente del Orfise.

Se fue el amigo de Marín, pero llegará ahora el de Moreno Valle.

Gatopardismo puro.

Más que amigos o enemigos, se necesita alguien que, al margen de todo, tenga la testosterona suficiente como para aplicar fríamente el marco normativo que define la autonomía del órgano, establece su operatividad y el ámbito de competencia en la fiscalización de instancias públicas.

Así de fácil y a la vez así de complicado.

El asunto no es de leyes, sino de hacerlas valer.

Con el riesgo de aburrirlo, vale la pena citar algunos párrafos básicos que abordan lo anterior, que definen la esencia y funciones del Orfise y que parecen haber sido olvidados históricamente por quienes lo han manejado a su antojo y conveniencia:

“En términos del artículo 113 de la Constitución del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, es la unidad de fiscalización, control y evaluación, dependiente del Congreso del Estado, que cuenta con autonomía técnica y de gestión, encargada de revisar sin excepción, la cuenta de las haciendas públicas, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, a través de la cuenta pública estatal, de los ayuntamientos y demás sujetos de revisión”.

“En el cumplimiento de sus funciones, el ORFISE, tiene atribuciones para:

Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, control, administración y aplicación de fondos y recursos federales, de los Poderes del Estado, de los ayuntamientos y demás organismos autónomos del Estado y sujetos de revisión establecidos en la legislación aplicable”.

“Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de las entidades descentralizadas y el de los organismos autónomos del Estado y sujetos de revisión, quedando facultado, en términos de la legislación aplicable, para promover en su caso, ante las autoridades competentes”.

“El fincamiento de las responsabilidades que se deriven, para lo cual podrá formular denuncias, querellas o hacer las promociones que las leyes determinen.

En términos del artículo 114 de la Constitución de Puebla, la revisión de la cuenta pública tiene por objeto determinar los resultados de la gestión financiera, verificar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto aprobado, conforme a las disposiciones aplicables, así como comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas”.

“El Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de entregar al Congreso del Estado, el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública a más tardar durante la segunda quincena del mes de junio del año siguiente al de su ejercicio”.

“No obstante lo anterior, en términos del artículo 113 de la Constitución del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, cuenta con autonomía técnica y de gestión, la cual se encuentra garantizado en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, en específico en sus artículos 112 ,113, 114 y 115”.

“En ese sentido, el Orfise al tener autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, está facultado, -y solo el-, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, sin que, incluso la Comisión Instructora o el Propio Congreso del Estado, puedan intervenir en ello, pues el hacerlo generaría afectar esa autonomía que constitucionalmente tiene, en su funcionamiento y organización”.

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Twitter: @ValeVarillas