Por: Valentín Varillas

Como un triunfo del conservadurismo más extremo y ramplón debe de entenderse la resolución final de la SCJN en el sentido de mantener la constitucionalidad del marco jurídica que penaliza el aborto en el estado de Baja California.

El tema es de  relevancia nacional, ya que obliga a la Corte a resolver de la misma manera recursos de anticonstitucionalidad que pudieran presentar otras entidades federativas cuyas leyes locales penalicen también el derecho a decidir.

Este asunto era de prioridad máxima del presidente Calderón en su afán de tender puentes con los sectores más ortodoxos de la sociedad y en particular de su partido, quienes se han alejado del mandatario debido a su intento de imponer al candidato de la derecha a la presidencia en el 2012.

Tanta era la preocupación en Los Pinos, que la propia esposa del presidente, Margarita Zavala declaró públicamente su postura en “pro de la vida”, la cual fue repercutida puntualmente por todos los medios masivos de comunicación.

La línea llegó puntual.

Y los ministros la siguieron, no importando que revivieran las dudas sobre su independencia e imparcialidad.

Nuevamente, criterios de moral privada se convierten en leyes de observancia obligatoria para todos, independientemente de principios, credos e ideologías.

La doble moral y la hipocresía tienden otra vez un velo que impide que el asunto se analice como un problema de salud pública, al margen de sesgadas y ambiguas visiones moralistas o de carácter religioso.

En Puebla, el asunto es de particular importancia.

A pesar de la restricción legal y de que erróneamente se nos tacha de ser una “sociedad conservadora”, somos el segundo estado de la República en número de abortos clandestinos.

Esta realidad, por sí sola, debería de ser suficiente para generar desde el legislativo un debate inteligente de ideas que permita ajustar la norma vigente a la realidad actual.

A pesar de las políticas de abstinencia que los sectores más radicales han tratado de promover como alternativa única para disminuir el número de mujeres que abortan, los números reflejan un crecimiento exponencial en los embarazos no deseados en el estado y el aumento de casos en donde se recurre a clínicas que operan de manera clandestina como posible solución.

Curiosamente, estos mismos sectores son los que de manera rabiosa se han opuesto a que niños y jóvenes reciban en las escuelas una educación sexual abierta y sin ambigüedades, elemento que ha probado su eficacia en la disminución de estos casos y en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual.

Para ellos, interrumpir un embarazo es un crimen, pero no lo es el impedir que la información que llevaría a atacar el problema de raíz llegue libre de prejuicios y manipulación a los sectores sociales de mayor riesgo.

La hipocresía es mayúscula.

Cada vez son más los “cachorros” de rimbombantes familias conservadoras los que se ven envueltos en casos de embarazos no deseados.

No quisieron tentar a la divinidad y correr el riesgo de condenarse al fuego eterno por haber utilizado algún método anticonceptivo, pero resuelven el problema acudiendo a clínicas en el extranjero en donde el aborto es legal.

Qué cristiano y piadoso.

El problema es para mujeres de perfil social y cultural similar bajo, como el de las nueve que han sido consignadas por este “delito” en la entidad o las 21 que hoy son perseguidas por la ley en Puebla por la misma causa.

El dogma y la cerrazón les impiden ver que, a pesar de los esfuerzos que por años se han llevado a cabo en los ámbitos públicos y privados, son decenas las mujeres en México que año con año pierden la vida por practicarse abortos en la clandestinidad.

Sí, ese es el punto central del debate y no aprobar una licencia para matar, como muchos lo quieren hacer ver.

Las mujeres en México siguen abortando y el hecho de que se trate de un acto penado por la ley, no ha disminuido su incidencia.

Ahí están los números, aunque la ceguera producto de la  manipulación de la fe, no les deje verlo.

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