Por: Valentín Varillas

Esa es la disyuntiva que se analiza en el war room del influyente empresario capitalino, Luis Gerardo Mayagoitia Díaz, después de la resolución tomada por el gobierno de Rafael Moreno Valle, de retirarle a las empresas AOC Operadora y Promotora de Estacionamientos SA de CV e Ibermabyc SA de CV, ambas de su propiedad, la concesión de la operación el estacionamiento y los locales comerciales de Plaza Finanzas.

Y es que, la decisión tomada el pasado 13 de septiembre por las autoridades locales, cayó como auténtico balde de agua fría entre las huestes de Mayagoitia, ya que echa por tierra un negocio por demás lucrativo para el empresario.

Claro, con cargo al erario.

Como le comentaba en la entrega del pasado lunes, el gobierno de Mario Marín invirtió cerca de 100  millones de pesos en la construcción del estacionamiento y los locales comerciales de la referida plaza.

A cambio, el concesionario estaba autorizado a explotarla comercialmente por un lapso de 15 años, con un módico pago de poco más de 2 millones de pesos anuales.

Si considera los ingresos por concepto de renta de los locales comerciales, más las utilidades de la operación del estacionamiento de la plaza, el negocio es millonario.

Los asesores jurídicos del empresario Mayagoitia aseguran tener todos los elementos legales a su alcance para ensayar una defensa exitosa de su caso y llevar el asunto a los tribunales competentes.

Sobra decir que un activo importante en la definición y operación de una estrategia encaminada a revertir el retiro de la concesión de la Plaza Finanzas o bien a recibir algún tipo de compensación económica por parte del gobierno, es el ministro Guillermo Ortiz Matyagoitia, tío del empresario.

Su influencia en el complicado y siempre cuestionado aparato de impartición de justicia en México es indudable.

Relaciones, estrategas, asesores, jueces, todos ellos auténticos expertos en sacarle provecho a las siempre existentes lagunas de las leyes que conforman nuestro estado de derecho.

El reto para los asesores jurídicos del gobernador Moreno Valle sería por demás interesante.

Sin embargo, la estrategia de llevar a tribunales al gobierno del estado por el caso de Plaza Finanzas conlleva un costo monumental.

La aceptación abierta de que las empresas beneficiadas en el marinsimo sí son propiedad de Mayagoitia Díaz ocasionaría que la opinión pública nacional cuestionara la sospechosa concesión entregada a un familiar cercano al ministro Ortiz Mayagoitia y por lo tanto, su papel como presidente de la Corte en el caso del ex gobernador Marín, además de los criterios que sus defensores privilegiaron para lograr su exoneración.

Sí, un auténtico escándalo.

El tema reviviría mediáticamente y volverían a escucharse con más fuerza aquellas voces críticas que en su momento dudaron de la honestidad del máximo tribunal de justicia del país.

¿Valdrá la pena?

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Twitter:@ValeVarillas