Por: Valentín Varillas

El verdadero dueño de las empresas AOC Operadora y Promotora de Estacionamientos SA de CV e Ibermabyc SA de CV, quienes recibieron en el sexenio pasado la concesión para operar la Plaza Finanzas, es el empresario capitalino Luis Gerardo Mayagoitia Díaz.

Tal vez el nombre, de entrada, no le diga nada.

Sin embargo, se trata del sobrino del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien fungió como presidente del máximo tribunal judicial del país, cuando este cuerpo colegiado exoneró al ex gobernador poblano Mario Marín, de haber cometido “violaciones graves” a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.

La Secretaría de Finanzas y Administración, encabezada por Gerardo María Pérez Salazar, otorgó al sobrino del ministro la comodísima concesión del  estacionamiento y los locales de dicha plaza, por 15 años, a cambio del pago de sólo 3 millones de pesos, el 23 de diciembre de 2008.

Un año antes, el 29 de noviembre de 2007, por seis votos a favor y cuatro en contra, la SCJN falló a favor del entonces mandatario.

En el contexto del resolutivo, ministros como Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela y el propio Ortiz Mayagoitia, presidente de la misma, destacaron por su férrea defensa a Marín Torres.

Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, desde una posición mucho más moderada, votaron a favor del hoy ex gobernador.

Por su parte, Juan Silva Meza, encargado de elaborar el dictamen del caso, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz, consideraron que sí habían existido violaciones graves a los derechos fundamentales de Cacho Ribeiro, cuando fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra, derivada de una demanda de difamación presentada por el empresario Kamel Nacif, amigo íntimo del pederasta Jean Succar Kuri, hoy condenado en México a 112 años de prisión.

El pasado 13 de septiembre, La Secretaría de Administración del gobierno de Rafael Moreno Valle realizó las acciones pertinentes para el “rescate” de Plaza Finanzas.

En el comunicado de prensa dado a conocer ese mismo día, se establece que la concesión referida “se otorgó en forma indebida el 23 de diciembre de 2008 mediante una autorización de uso y aprovechamiento que en realidad consistía en una concesión disfrazada que implicó que dos empresas privadas comercializaran en beneficio propio los locales y el estacionamiento del edificio que se construyó con una inversión del gobierno del estado de más de 100 millones de pesos”.

Sin embargo, previo a esta decisión, con fecha 11 de abril de 2011, el gobernador Moreno Valle decidió ratificar el contrato de concesión del estacionamiento y locales comerciales a las empresas propiedad de Luis Gerardo Mayagoitia Díaz.

Cinco meses después, decidió dejarlo sin efecto.

La historia, diría el lugar común, “no tiene desperdicio”.

¿Intercambio de favores?

¿Coincidencia fatal?

Juzgue usted.

A LA CARTA

RESPUESTA DEL COLUMNISTA

Varios puntos de la carta aclaratoria que usted me manda me parecen sumamente contradictorios.

En general, la considero un monumento a la estulticia y un intento fallido por desviar la atención del punto medular que menciono en mi columna del pasado miércoles.

Sin embargo, para no caer en un larguísimo e infructuoso intercambio epistolar, mi respuesta será breve.

Si realmente el gobierno del estado pretende echar a andar el ambicioso programa de apoyo a defraudados que usted menciona no entiendo por qué, hasta antes de mi columna, ni el gobernador ni el Secretario General de Gobierno, lo mencionaron cuando se dieron las manifestaciones de ahorradores en plena ceremonia cívica del 13 de septiembre.

Es más, en esa ocasión, declararon a los medios cuestiones completamente opuestas a las que usted señala en la carta de marras.

Rafael Moreno Valle dijo que no había recursos en el presupuesto estatal para destinarlos a un programa de rescate.

Jamás hizo mención a la posibilidad de considerar lo anterior en la conformación del presupuesto para el próximo año, lo que sin duda hubiera sido suficiente para  terminar con las protestas y llegar a acuerdos con los inconformes.

Por su parte, el secretario Manzanilla declaró que jamás, en campaña, se hizo siquiera una promesa de apoyo a los defraudados, lo cual es falso, tal y como lo demuestro en mi columna, la cual únicamente hace referencia a información difundida y publicitada por el propio equipo de comunicación del entonces candidato Moreno Valle.

Como escribí en su momento, tal parece que ambos funcionarios olvidaron lo que en su momento prometieron.

Más allá de esto, me da gusto que, aunque sea obligados por lo que se publicó en este espacio, conformen el próximo año el fideicomiso prometido en campaña, ya que ayudará a cientos de poblanos a recuperar su patrimonio perdido.

Si el asistente de su secretaria su secretaria, usted, su jefe, o el jefe de su jefe,- que por lo que entiendo fue el camino que siguió su carta aclaratoria para llegar a mi correo, dos días después de su publicación-tienen algún comentario a la presente respuesta, estoy a sus órdenes.

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Twitter: @ValeVarillas