Por: Valentín Varillas

El tema de la seguridad se convirtió, desde el 4 de julio por la noche, en la preocupación principal del entonces virtual gobernador electo Rafael Moreno Valle y no ha dejado de serlo más de un año después de su histórico triunfo electoral.

En pleno período de transición, esta era la directriz que normaba casi la totalidad de los asuntos a tratar.

El equipo del ganador exigía que se le entregara una radiografía realista de la realidad que atravesaba la entidad en la materia.

Focos rojos, estrategias, activos y elementos destinados a combatir a la delincuencia, pero sobre todo, lo que realmente quería conocer a fondo el mandatario electo, era la existencia o no de pactos y acuerdos con las organizaciones criminales, quiénes eran los “amigos” y quienes los que había que exterminar, los alcances de estos pactos y qué tanto las instituciones poblanas habían sido ya permeadas por la capacidad corruptora de la delincuencia organizada.

En resumen, se pretendían conocer a fondo todos los elementos que hacían que Puebla fuera una especie de estado de excepción en el concierto nacional en materia de seguridad pública.

Entender por qué la problemática que vivían entidades colindantes como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Morelos o el estado de México, era ajena a la vida diaria de la mayoría de los poblanos, sobre todo en lo que se refiere a aquellos delitos que en mayor medida dañan el tejido social.

Es imposible saber si la información fue compartida al cien por ciento por el equipo del ex gobernador Marín.

Lo cierto es que, dentro de los acuerdos, se pactó que a cuenta del erario se redoblara la seguridad personal del gobernador electo, su familia y algunos de sus más cercanos colaboradores.

Escoltas perfectamente equipados para cualquier contingencia y autos blindados para su traslado, se mantuvieron como parte del gasto público estatal durante el larguísimo período de relevo de autoridades estatales.

A la par, el equipo de “buscadores de talento” al servicio del morenovallismo empezó a recibir mensajes de lo más diverso y preocupante de una serie de interlocutores que resultaban, por lo menos, sospechosos.

Algunos intentaban integrarse de lleno a los cuerpos de seguridad, escudándose en las más sui géneris recomendaciones.

Otros, todavía menos ortodoxos, se atrevieron a aprovechar relaciones cercanas con personajes de influencia directa con el mandatario electo para “sugerir” nombres de quienes, en teoría, cumplían cabalmente con el perfil requerido para encabezar la cruzada local contra la delincuencia.

Ni unos ni otros lograron su objetivo, pero los acercamientos hicieron que la preocupación por el tema creciera de manera exponencial.

Al final, para no errar y de paso vestirse con el traje de la institucionalidad, Moreno Valle recurrió a la recomendación presidencial para designar a su Secretario de Seguridad Pública, secretario que, por cierto, en tres ocasiones ha presentado su renuncia sin que se le haya sido aceptada todavía.

A más de siete meses de gobierno, la seguridad sigue siendo el asunto no resuelto.

Llama la atención el impresionante despliegue de seguridad que caracteriza a cada uno de los actos oficiales que encabeza el mandatario.

Imposible no notar el blindaje de los funcionarios estatales de primer nivel; el número de  guardaespaldas que se utilizan para su resguardo y la cantidad de unidades que se destinan para su traslado.

Dejan la impresión en los ciudadanos de que algo saben que el resto de nosotros no y que el optimismo discursivo cuando se maneja, con una frecuencia que raya ya en lo obsesivo, de que “Puebla es un estado de paz”, es un cuento que no corresponde a la cruda realidad.

Por si fuera poco, la percepción ciudadana en el tema, otra de las preocupaciones del gobernador, empieza a ser diferente a la de la perorata oficial.

La encuesta realizada por el Beap, publicada ayer en la columna de Rodolfo Rivera Pacheco, no deja lugar a dudas: hoy los poblanos sienten que la inseguridad ha aumentado de manera importante en los últimos meses.

Esto no pueden sino ser pésimas noticias para un gobierno que llegó al poder como ninguno en términos de altas expectativas.

Al ser la inseguridad la principal preocupación de los poblanos, el que los ciudadanos sientan que el gobierno ha fallado en este rubro, puede tener consecuencias fatales para su imagen y niveles de confianza.

El gobierno estatal está tan consciente de lo anterior, que no es coincidencia el que haya hecho una solicitud oficial a las Fuerzas Armadas para aumentar el número de efectivos militares que realizan labores de vigilancia y patrullaje en el estado y que se anuncien con bombo y platillo inversiones históricas para Puebla en materia de seguridad.

No hay duda: el miedo no anda en burro.

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Twitter: @ValeVarillas