Por: Valentín Varillas

Las autoridades estatales han encontrado al interior de la Secretaría de Educación Pública irregularidades cometidas en el sexenio anterior en el gasto de más de 400 millones de pesos provenientes de la Federación.

Se trata de recursos etiquetados para diversas actividades en materia de desarrollo educativo que no fueron destinados para financiar los programas originalmente planeados.

Entre estas acciones irregulares destaca el mal uso de una partida presupuestal que la Secretaría de Hacienda había autorizado para Puebla con el objetivo de contratar a 850 docentes y de esta manera cubrir un importante déficit de maestros que se tiene en el sistema educativo poblano.

El dinero fue enviado en tiempo y forma.

Sin embargo, por órdenes del propio Darío Carmona, a través del Departamento de Recursos Humanos y Personal, a cargo de Alfonso Valles Ramos, se bloqueó este proceso.

Ahí estaba el dinero pero jamás se ocupó para contratar a los maestros.

Ahora bien, “para taparle el ojo al macho”, el director de Planeación y Programación Presupuestales de la SEP, Felipe de Jesús Mijangos Cabrera, recibió la instrucción de elaborar de inmediato toda la documentación requerida por el gobierno federal para proceder a la devolución del dinero autorizado y que no se ejerció.

Los oficios nunca fueron recibidos por el gobierno federal.

Cada quincena, desde la Secretaría de Finanzas, se sacaban los cheques correspondientes a sueldos de 850 maestros que jamás fueron contratados, por lo menos no de manera oficial.

Se utilizaron a docentes eventuales con salarios menores a los registrados para aparentar que se estaba cubriendo el déficit de maestros y que se estaba haciendo un buen uso de los recursos federales entregados para este fin.

Se permitió que docentes de diferentes niveles, que ya contaban con plaza, pudieran “dobletear” y trabajar horas extras para ganarse un dinero extra.

A la par, ya que se tenían autorizadas las 850 contrataciones, se detonó un furor por la venta de plazas.

Con la complicidad de los sindicatos de docentes, estas se ofertaron entre 120 mil y 200 mil pesos, con la promesa de que serían aprobadas de inmediato y sin ningún problema.

Las altas de docentes producto de la venta de plazas fueron autorizadas en su momento por  quien fungía como Director de Recursos Humanos, José Antonio Muñoz Carballeda y por el entonces Jefe del Departamento, Alfonso Valles Ramos.

A través del área de nóminas se llevaba el control de las horas laboradas por los docentes para la emisión de pagos de quienes se encontraban comisionados en el sindicato, eran interinos o disponían de permisos especiales y el tiempo asignado a cada maestro en cada una de las escuelas en las que laboraba.

El manejo de las bitácoras laborales se llevó con total hermetismo y en la absoluta opacidad.

Semanas antes de concluir el sexenio, Dario Carmona ordenó el cierre de plazas y se giró la instrucción de que no habría altas hasta que lo autorizara el nuevo gobierno.

Sin embargo, la cancelación oficial de las 850 plazas ante el gobierno federal nunca se realizó.

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