Por: Valentín Varillas

A medida que se acerca el cumplimiento de los primeros cien días del gobierno de Rafael Moreno Valle aumentan las posibilidades de que se ejerza acción penal en contra de algún ex funcionario de la pasada administración.

Como le adelantaba en este espacio hace ya tres semanas, dos ex secretarios de primer nivel podrían ser los perseguidos: Alfredo Arango y Gerardo María Pérez Salazar.

Y es que, mientras más profundo se vuelve el análisis de las acciones que realizaron como funcionarios públicos, más elementos se tienen para cuadrarles conductas que podrían ser tipificadas como delitos.

En aquella columna le detallaba los movimientos hechos por Pérez Salazar a través de Casa de Bolsa Vector, mediante los cuales se invirtieron en instrumentos de alto riesgo recursos públicos superiores a los 3 mil millones de pesos, generando una pérdida para el erario cercana a los 200 millones.

También le detallé que su esposa, Margarita Haces, ejecutivo de la mencionada empresa financiera, habría cobrado las jugosas comisiones producto de las millonarias inversiones ordenadas por su cónyuge.

Bueno, hay en esta historia otra agravante.

Antes de dejar el cargo y a pesar de estar consciente de que la dependencia que encabezaba iba a ser una de las más revisadas por el nuevo gobierno, Gerardo María firmó contratos con Vector que obligaban a las nuevas autoridades a mantener sus inversiones hasta el término de mes de abril.

Obviando el impedimento legal de asumir compromisos más allá del término de su período como secretario, Pérez Salazar comprometió dinero público para garantizar que, por lo menos dos meses más, su esposa siguiera cobrando las comisiones correspondientes al manejo de la cuenta del gobierno estatal.

Finísimo ¿no cree?

El caso de Arango, ampliamente documentado desde antes de que terminara su responsabilidad en el gobierno de Mario Marín, no sólo es el que con mayor rapidez se desahogará, sino el que más impacto entre la opinión pública tendrá.

Más allá de los conocidísimos casos de favoritismo de proveedores, sobreprecios en la asignación de contratos, jugosas comisiones por debajo del agua y demás irregularidades, el tema central que justificará la inminente acción legal en su contra tiene que ver con el mal manejo de cerca de 680 millones de pesos de recursos federales etiquetados, que fueron gastados para fines completamente distintos a los planeados originalmente por el gobierno del presidente Calderón.

Lo paradójico de lo anterior es que buena parte de esos recursos fueron entregados por la Federación después de julio de 2010, es decir, cuando el marinismo ya había perdido el poder y sabían que serían sujetos a una revisión con lupa por parte del gobierno de Moreno Valle.

No les importó.

Primero el negocio y después asumir las consecuencias.

Esta lógica ilógica podría mandar a Arango a la sombra una buena cantidad de años.

Por cierto, una dependencia que estará muy pronto en el ojo del huracán en términos de cómo se utilizaron recursos públicos en el anterior sexenio es la Secretaría de Educación Pública.

Resulta que las nuevas autoridades han abierto ahí una auténtica caja de Pandora en materia de manejo irregular de recursos del orden federal.

Darío Carmona ya lo sabe y dicen que no sólo ya no canta, sino que ha perdido el sueño.

Mañana le cuento por qué.

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