Por: Valentín Varillas

El  ex secretario de Finanzas de la pasada administración, Gerardo María Pérez Salazar, muy pronto podría estar viviendo un infierno similar al que vive hoy Ricardo Henaine Mezher.

Para muchos testigos del proceso de transición, se trata del segundo lugar de la lista de “sacrificables” pactada en las negociaciones entre autoridades electas y en funciones, previo a la toma de protesta de Rafael Moreno Valle como gobernador del estado.

Lo anterior, no está basado en chismes o rumores, sino en un muy extenso expediente en poder del actual mandatario estatal, en donde se documentan operaciones irregulares realizadas por el funcionario en su paso por la administración pública local.

Quienes conocen el detallado documento aseguran que es una auténtica chulada.

Además de comprobar diversos desvíos que se operaron a través de una serie de movimientos que para las actuales autoridades resultan por lo menos sospechosas, hay una parte específica de dicho reporte que ha llamado particularmente la atención de Roberto Moya.

Se trata de un apartado en donde se demuestra cómo, por órdenes de Pérez Salazar, se destinaron cerca de tres mil 500 millones de pesos del presupuesto estatal para realizar inversiones de alto riesgo, en un afán de buscar una utilidad por los rendimientos potenciales de dichas inversiones.

Monumental error.

El resultado final de la ingeniosa estrategia financiera implementada por Gerardo María fue un rotundo fracaso.

Las inversiones, lejos de ser rentables, generaron pérdidas cercanas a los 180 millones.

Desafortunadamente para él, la historia no se agota aquí.

Existen agravantes adicionales que complican aún más su situación.

Resulta que todas, absolutamente todas las inversiones realizadas por el entonces funcionario, tal y como ya se sabía, fueron destinadas a Vector, casa de cambio que no sólo fue dirigida en su momento por el propio Pérez Salazar, sino que tiene como ejecutivo estrella a Margarita Rojas, actual esposa del propio funcionario y quien tiene en los hechos la titularidad indiscutible de la cuenta del Gobierno del Estado.

Más allá de que en los registros oficiales de la instancia financiera pudiera aparecer otro ejecutivo como quien maneja la cuenta, entre los mismos empleados de Vector es un secreto a voces que quien realmente cobraba cada peso de las comisiones que se generaban por el manejo de la voluminosa cuenta era la esposa del ahora ex funcionario marinista.

Negocio familiar redondo a costa de pérdidas millonarias para el dinero de todos los poblanos.

En este contexto, no resulta extraño el hecho de que Pérez Salazar, cuando no habían pasado siquiera doce horas a partir del momento en el que las empresas encuestadoras daban a conocer a la opinión pública los resultados de sus encuestas de salida aplicadas en territorio poblano el pasado 4 de julio, había ya puesto sobre el escritorio del gobernador su renuncia como servidor público.

Mario Marín no se la aceptó y de paso lo comprometió a permanecer en su cargo hasta el último día del sexenio.

Gerardo María sabía, mejor que nadie, lo que se había tragado.

Además, estaba consciente de que podría, al igual que Henaine, convertirse fácilmente en moneda de cambio de la negociación política que se dio en el larguísimo proceso de transición.

Hoy, todo parece indicar que los miedos de Gerardo María podrían traducirse en el inicio de una serie de procedimientos legales en su contra que podrían, desde inhabilitarlo para volver a ocupar un cargo público, hasta probarse aquel traje caqui tan de moda en San Miguel.

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