Bajo tortura confiesa feminicidio; CDH emite recomendación a Carrancá

Por Gerardo Cruz Castañeda

 

 

En 2015, Daniel confesó que la noche del domingo 11 de octubre discutió con su pareja sentimental, tras un breve forcejeo logró arrebatarle el cuchillo con el que lo había amenazado y se lo enterró en el cuello dándole muerte, así como a la hija de esta, una menor que se encontraba dormida en el domicilio. Huyó del lugar y abandonó el arma al pie de una carretera.

 

A dos años de los hechos, para la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) la declaración del presunto homicida fue hecha bajo tortura de los policías ministeriales adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), que lo aprendieron tras la correspondiente averiguación previa iniciada por el delito de feminicidio.

 

En la Recomendación 08/2017 emitida por la CDH al ahora fiscal general, Víctor Carrancá Bourget, Daniel describe cómo fue sometido la noche del 27 de noviembre de aquel año por dos agentes ministeriales y subido a un auto donde lo golpearon y trasladaron a un domicilio desconocido, en el que transcurrieron al menos cuatro horas de tortura, con toques en la espalda y genitales.

 

Fue entonces que aceptó el crimen de Mireya -que estaba embarazada- y el de su hija de cuatro años de edad, aunque ha insistido que fue obligado. “Me dijo (que) como no la quería se iba a matar, pero antes mataba a su hija que estaba dormida en la colchoneta, de inmediato se lanza sobre mí y me dice que de una u otra manera íbamos a estar juntos, logro tirarla al suelo… y le quité el cuchillo y de inmediato se lo enterré (sic)”.

 

El cuatro de diciembre la madre del presunto culpable presentó la queja ante el organismo por los hechos violatorios a los derechos humanos de Daniel, que en este mes de octubre derivó en la recomendación citada al titular de la Fiscalía General del estado de Puebla, donde se le solicita tomar las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados.

 

“Se tiene acreditada la violación a los derechos humanos de seguridad jurídica e integridad y seguridad personal, en agravio de V1 y adicionalmente se acreditó la tortura acusada, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla”.

 

 

 

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