Por Shanik David
El gobernador José Antonio Gali Fayad propuso a colaboradores de la administración estatal para integrar parte del Tribunal de Justicia Administrativa, organismo que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Dentro de la terna que envío el mandatario poblano al Congreso del Estado -la cual tendrá que ser sometida a votación en el pleno legislativo- destaca la presencia de Alfonso Guillén Almaguer, quien fue asesor del ayuntamiento de Puebla durante la administración de Gali Fayad en cuestiones de infraestructura.
Después se incorporó a la Secretaría de Movilidad, Infraestructura y Transportes, donde ocupa la dirección general jurídica; es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene maestrías en Contribuciones y en Administración Pública.
Además, Gali Fayad propuso a David Paz Moreno, quien se está dado de alta en el directorio del Sistema Estatal DIF como jefe del departamento Consultivo, cargo al que llegó en marzo de 2016, según se refleja en el portal de transparencia del gobierno del estado.
Sin embargo previo a esto fue coordinador de Casas de Asistencia del SEDIF desde marzo de 2011, es decir durante el tiempo que Martha Erika Alonso fue presidenta del patronato del organismo.
La tercera propuesta es Lourdes Dib y Álvarez, quien fue regidora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la gestión de Eduardo Rivera Pérez, y desde marzo de este año forma parte del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado.
El hecho de que se incluyan a personajes con vínculos con el grupo en el poder genera dudas en torno a la objetividad que podría llegar este organismo, el cual será una de las instancias fundamentales del SEA.
En la fracción X del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla se establece que el Tribunal de Justicia Administrativa “tendrá competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal y para imponer, en los términos que disponga la Ley de la materia, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves”.
Además será el responsable de definir “el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos”.
En caso de ser ratificados, los magistrados estarán en el cargo 15 años sin posibilidad de prorroga, aunque hay que recordar que hace unas semanas Gali Fayad propuso una reforma para que sólo por una ocasión estos funcionarios sólo duren 13 años en el puesto.
