Por Shanik David
En el contrato que firmó Rafael Moreno Valle con la editorial Miguel Ángel Porrúa se indica que sería éste el responsable de la difusión y distribución del libro La Fuerza del Cambio, pese a que el exmandatario ha sostenido públicamente que no tuvo relación con esta publicidad.
El convenio fue presentado por la empresa ante las autoridades electorales dentro del proceso que se abrió a raíz de la denuncia que presentó el abogado Leonardo Kumul Salazar, a nombre de empresarios de Quintana Roo por la presencia de espectaculares del citado libro en dicha entidad y en Campeche.
Sin embargo, pese a que el Instituto Nacional Electoral tuvo conocimiento del contrato, hace unos meses determinó que no había elementos para sancionar ni a la empresa ni al exgobernador de Puebla, resolución que fue ratificada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Fue la Sala Superior del Tribunal, al tomar conocimiento del caso, determinó que no se había realizado una investigación exhaustiva del caso, por lo que ordenó que el INE revise las facturas de la promoción del libro, pues sí hay indicios de que esto se trataría de actos anticipados de campaña, recordó Kumul Salazar.
Ahora sólo se está a la espera de que el instituto electoral reciba las facturas, para que se puedan aplicar las sanciones correspondientes, y de haberse cumplido el contrato la amonestación recaería sobre Morreno Valle, puntualizó.
De darse este escenario, se frenarían por completo cualquier aspiración que pudiera tener el exgobernador para contener en la elección de 2018, añadió, esto con fundamento en la Ley de General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Apuntó que esta ley establece que para poder ser registrado como candidato, el ciudadano en cuestión no debió haber sido sancionado y ya sea administrativa, penal o electoralmente en el año previo a la elección, y dado que a Moreno Valle se le señalaría un presunto desvío de recursos esta sanción obstaculizaría su aspiración.
