Por Shanik David
Uno de los principales retos a los que se enfrentará la recién creada Fiscalía Anticorrupción será buscar los mecanismos para evitar que las acciones que se implementen sean vistas con tintes políticos, pues dado que se investigará a servidores públicos que ostentan poder sí se podrían llegar a dar estas percepciones.
Así lo afirmó Enrique Flota Ocampo, titular de la Fiscalía, al señalar que una forma de evitar interpretaciones políticas sería por medio de la conformación de una plataforma de respaldo ciudadano, es decir que agrupaciones ciudadanas vigilen y validen estas medidas para garantizar a la sociedad que no hay trasfondos partidistas detrás de las investigaciones que se abran.
“Acusar a un servidor público siempre está en la línea de la contaminación política, si es de un partido parecerá que es para favorecer a su adversario, pero si no es en contra de ese adversario parecerá que es una decisión política para encubrirlo o mantenerlo intocado”, comentó al participar en un panel sobre los sistemas anticorrupción organizado por la Coparmex de Puebla.
En este foro además anunció que en el transcurso de las próximas semanas se presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado para reformar el Código Penal del Estado de Puebla para homologar ciertas disposiciones contenidas en el Código federal y criterios que se han incluido en leyes de otros estados como parte de los ajustes normativos para los sistemas locales anticorrupción.
Con esta modificación se buscaría cambiar el titulo al capítulo 19 que refiere a “delitos cometidos por servidores públicos”, de manera que quede similar a las normas federales y diga “delitos por hechos de corrupción”, pues este tipo de faltas ya no serían imputables sólo a quienes ocupen cargos en la administración pública, sino que también se podrán sancionar a personas físicas y morales.
Además, se anexarán a este capítulo un listado de tipos penales que no se tienen en la actualidad que implican delitos relacionados con actos de corrupción, como son ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, intimidación, delitos cometidos en la procuracióny administración de justicia, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, coalición, uso ilícito de atribuciones y facultades y evasión de pesos.
Otro de los retos que se enfrenta este nuevo organismo es su consolidación formal, como sería la contratación de personal ya que en la actualidad cuenta sólo con ocho ministerios públicos.
Esto va vinculado con la necesidad de capacitar a quienes laboren en esta unidad, de tal modo que las carpetas de investigación y averiguaciones previas que se emprendan estén bien integradas, y así evitar que se dé una impresión de simulación o de impunidad, puntualizó el fiscal.
También es necesario que se garanticen los recursos humanos y financieros para la operación, pues se tiene previsto que esta sea una unidad con autonomía de función, es decir, si bien forma parte de la Fiscalía General del Estado no dependerá directamente de las decisiones de Víctor Carranca Bourget.
