Por Shanik David
A raíz de que en la Constitución Política del Estado de Puebla ya se considera el acceso al agua como un derecho humano, los cortes del servicio tanto de agua potable como de alcantarillado y drenaje ejecutados por la empresa Concesiones Integrales son ilegales, comentó el abogado Omar Jiménez Castro.
Con este argumento se presentaron seis nuevos amparos ante los Juzgados de Distrito para combatir los cortes de servicio realizados por la concesionaria en la última semana en zonas como las colonias Héroes de Puebla, Bosques del Pilar, San Pedro, Villas Universidad y La Libertad, bajo la justificación de que los usuarios deben entre 50 y 70′ mil pesos.
Jiménez Castro explicó que si bien en la Ley de Aguas del Estado de Puebla está permitido que ante la falta de pagos se corte el servicio, en el artículo 4 de la Constitución federal se indica que los derechos humanos no pueden ser suspendidos o restringidos bajo ninguna situación, lo cual ya también es aplicable a nivel local considerando que en enero pasado se aprobó en el Congreso del Estado elevar a rango constitucional el derecho humano al acceso al agua.
De seguir la ley en los términos en los que está actualmente se entraría en una contradicción con las disposiciones constitucionales, además de que la empresa incurriría en violaciones al derecho de los ciudadanos, puntualizó.
Ante esto, dijo que la solución es que se haga una reforma a la Ley de Aguas, de preferencia con una iniciativa elaborada por los ciudadanos, para establecer lineamientos claros acerca del manejo del servicio y evitar abusos por parte de la empresa concesionaria.
Puso como ejemplo que en la ley actual se establece que si un usuario no recibe su boleta de cobro está obligado a ir directamente a las oficinas a ver cuánto debe y hacer sus pagos; sin embargo la empresa se ha aprovechado de esto y cobra lo que quiere pues “puedes ir a una ventanilla en las oficinas de San Manuel y te dan un monto, y si vas a las de Plaza Américas te dan otro”.
Esto representa una falta de certeza jurídica hacia los usuarios porque no saben en términos reales cuánto es lo que deben pagar, por lo que se debe modificar este criterio en la norma vigente.
Jiménez Castro añadió que con los seis amparos presentados, que forman parte de la primera etapa de una nueva oleada de recursos jurídicos, lo que se busca es sentar una jurisprudencia con base a lo que marca la Constitución para así obligar a los legisladores locales a que se reforme la ley.
