Por Shanik David
Puebla se encuentra entre los cinco estados a nivel nacional que destinan más en pagos de salarios que en cualquier otra función de las áreas de seguridad pública estatales.
Esto se desprende de los censos nacionales de Procuración de Justicia Estatal y de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los cuales se indica que del total del presupuesto que se etiquetó en 2015 para la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia -antes de que se convirtiera en Fiscalía- entre 7 y 8 de cada 10 pesos se fueron al pago de servicios personales.
En el caso de las “instituciones de seguridad pública en las administraciones públicas estatales”, que incluiría la SSP y el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ejercieron mil 500 millones 583 mil pesos en 2015, de los cuales mil 97 millones 255 mil pesos se fueron en el capítulo 1000, en el cual se contemplan salarios, prestaciones y apoyos que se dan a los funcionarios públicos.
Lo anterior significa que el 73 por ciento del presupuesto de seguridad pública se destinó al pago de los sueldos de policías y demás personas que laboran en la corporación de seguridad estatal; es decir, para cuestiones administrativas, compra de materiales y armamento y hasta la capacitación de los uniformados sólo se contaron con uno de cada cuatro pesos que se le asignaron a este rubro.
Con esta proporción Puebla se ubicó como el tercer estado que más de su presupuesto de seguridad destinó a salarios, por debajo de Michoacán y Nayarit -que empataron en primer lugar al gastar el 82 por ciento de los recursos en la nómina-, y Zacatecas.
Algo similar se presentó en los gastos de la Procuraduría General de Justicia, la cual reportó que el 84.87 por ciento del presupuesto anual se usó para el pago del personal -en este caso no se reporta el monto total-, lo que representa que por cada 100 pesos menos de 16 se usaron para cuestiones operativas pues se privilegiaron los sueldos de los funcionarios.
Aunque en este caso la proporción del gasto en sueldos es mayor, el estado se quedó en el lugar número cinco en cuanto al porcentaje de recursos destinados a nóminas de las instituciones de procuración de justicia, por debajo de San Luis Potosí, Querétaro y Baja California Sur.
