Por Shanik David
Fue hasta después de que se dio a conocer la votación final -sólo un voto en contra y una abstención- que la iniciativa de reforma constitucional por medio de la cual se crea el Sistema Estatal Anticorrupción generó discusión en el pleno legislativo, aunque ésta fue ociosa pues la propuesta no sólo quedó avalada por mayoría de votos, sino que no se le hizo cambio alguno.
En la votación, los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional dieron su respaldo a la propuesta, aunque posteriormente Sergio Céspedes Peregrina, a nombre de sus compañeros, subió a tribuna para hacer algunas observaciones.
El legislador indicó que en la discusión en comisiones los priístas habían propuesto dos ajustes a la iniciativa que propuso el gobernador, la cual si bien es una homologación a la reforma hecha a nivel federal sólo estaba a un 90 por ciento, y había “áreas de oportunidad” que se podían aprovechar.
En concreto, las observaciones hechas por la fracción tricolor iban en relación a que no fuera el Fiscal del estado quien nombre al Fiscal Anticorrupción, sino que fuera el Congreso del Estado quien tomara esta determinación con el objetivo de darle mayor transparencia al proceso; además en materia de fiscalización de las cuentas públicas, aunque en la reforma se aumentan las facultades de la Auditoría Superior del Estado, el ajuste propuesto era delimitar el alcance de las mismas para que no fueran usadas de manera discrecional.
Sin embargo, ambas propuestas fueron “mayoriteadas” en comisiones y no se integraron, por lo que la fracción del PRI, en un afán de “dejar constancia” las dieron a conocer de forma pública “sin fines partidistas”, lo cual generó molestias en la fracción de Acción Nacional.
Esto pues después de su intervención el panista Pablo Rodríguez Regordosa se mofó de la postura del PRI local al recordar que cuando la primera propuesta para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción llegó al Congreso de la Unión fueron los legisladores priístas quienes “la rasuraron” quitando muchos puntos de la misma, por lo que acusó una aparente “incongruencia” de los representantes locales del partido.
Aprovechando la discusión, Julián Peña Hidalgo tomó la palabra para explicar que su abstención en la votación se debió a que consideró que la iniciativa presentada era incompleta, pues no se tomaron en consideración puntos fundamentales como la revocación del mandato, el retiro del fuero a los servidores públicos o incluso las propuestas hechas por los ciudadanos que presentaron la Ley 3 de 3, la cual abarca la difusión de las declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal de quienes ocupan un cargo público.
Además, denunció que en el proceso legislativo hubo “una violación a la ley” pues no se cumplió con el plazo de 24 horas que marca el reglamento para circular los dictámenes para que los legisladores puedan conocer los mismos antes de que se lleven a cabo las sesiones, comentario que generó evidente enojo en la diputada Patricia Leal Islas, quien subió a tribuna para recriminar, como lo ha hecho en otras ocasiones, que ella ha mantenido una postura de apertura para discutir en lo personal las iniciativas que impulsa y que si los demás legisladores no la aceptan no es por una cuestión imputable a ella.
Mientras esto pasaba al interior del pleno legislativo, la diputada Socorro Quezada Tiempo explicó que su voto en contra se debió, en gran medida, a que el hecho de que sea el titular del ejecutivo quien tenga la facultad de nombrar a los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, es una forma con la cual el actual gobernador o su grupo político se puedan blindar ante cualquier investigación que se pueda abrir en su contra.
