Por Shanik David
Josué iba en su coche, cuando fue detenido por elementos de Tránsito Municipal como parte de las revisiones de rutina que se realizan. A indicaciones del agente, buscó en la guantera la tarjeta de circulación del vehículo y de su cartera extrajo su licencia. No tenía nerviosismo, pues sabía que no había hecho malo.
Al revisar los documentos el policía se alertó. La licencia que tenía en su mano era de una mujer, mientras que el conductor era un varón. Le señaló esta situación, y Josué le insistió que esa era su licencia; el uniformado pensó que se estaba intentando pasar de listo, y le informó que le pondría una multa por tener su licencia en la mano.
Después de un breve debate, Josué logró hacer entender al policía. Su nombre es Josué, pero nació siendo Marina, la chica que aparecía en la licencia era él, antes de que pasara por el largo proceso de transición de género.
Esta historia la cuenta María José Flores, representante del colectivo Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS) para ejemplificar la realidad que viven las personas transgénero y transexual en el estado por la falta de reconocimiento de su identidad sexogenérica.
Este asunto ha sido una de las demandas más sentidas de las diferentes organizaciones y movimientos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transvestí, Transexual, Transgénero, Intersexual (LGBTTTI) de Puebla, en particular de la activista Agnes Torres, una mujer transgénero que fue asesinada en marzo de 2012 por su calidad de homosexual.
Antes de su fallecimiento Agnes había preparado en conjunto con organizaciones locales una iniciativa para reformar diferentes puntos de las leyes locales, de manera que las personas trans pudieran acudir al registro civil y cambiar sus documentos oficiales para que éstos estuvieran de acuerdo a su identidad sexual; sin embargo murió antes de que el tema fuera llevado al Congreso.
Desde entonces, organizaciones como el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) tomaron la Iniciativa Agnes y han abogado por años frente a los diputados para que la reforma fuera tomada en cuenta.
Fue hasta este jueves cuando la propuesta llegó al pleno del legislativo, presentada por la diputada Socorro Quezada Tiempo, respaldada por Geraldine González y Julián Peña Hidalgo -posteriormente se sumaron los diputados de la bancada del PRD y PT-.
La propuesta, según comentó Quezada Tiempo, fue elaborada de manera íntegra por el Odesyr, y aunque en ocasiones anteriores ha sucedido que iniciativas para la protección de los derechos de la comunidad gay se quedan en la congeladora, como fue la del matrimonio igualitario, confió que al tener el respaldo de otras fracciones parlamentarias el tema podría avanzar.
Sin embargo, al subir al pleno, Quezada Tiempo no leyó el texto de la iniciativa, sino que, como una forma de hacer entrar en razón a sus compañeros legisladores, dio lectura a una carta escrita desde la voz de Agnes -aunque fue redactada por gente allegada a ella-, en la cual la activista describe su último día de vida, su lucha y cómo fue torturada y asesinada por unos jóvenes al salir de una fiesta.
Los diputados, contrario a lo que ocurre normalmente cuando algún compañero sube a tribuna, escucharon en silencio y con atención mientras la legisladora perredista narraba los últimos momentos de vida de Agnes Torres.
La propuesta en sí consiste en diferentes reformas al Código Civil, así como a la Constitución Política del Estado de Puebla, de manera que se avale este tipo de trámites administrativos, que consiste en que una persona trans acuda con un juez a pedir su cambio de identidad sexogenérica, y con esta autorización puede acudir ante el registro civil para pedir el cambio; de acuerdo con estimaciones de Julián Peña, este proceso puede durar hasta tres meses.
Sin embargo, también se tomó en consideración la posibilidad de que esta posibilidad sea usada con fines negativos, por lo que también se propusieron reformas al Código Penal, para tipificar el hecho de que una persona se cambie de género en sus documentos oficiales para delinquir; además se incluye como una agravante al tipo penal de crimen de odio cuando la víctima sea una persona trans.
