La Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) no cumple con las funciones para las cuales fue creada, que es básicamente hacer cumplir la Ley de Transparencia del estado, aseguró Lilia Vélez Iglesias, presidenta del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información.
La especialista señaló que el organismo más allá de vigilar que las entidades de gobierno cumplan con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, ha tomado un papel para defender al gobierno del estado ante los obstáculos que impone para evitar que los ciudadanos accedan a la información.
“Cuando es el Poder Ejecutivo, hay características a tender a protegerlo cuando hay gravísimas violaciones y cuando se comprueba que hay mecanismos y estrategias para obstaculizar el acceso a la información, que los ciudadanos se cansen y no puedan tener la información”, detalló.
Este tipo de obstáculos, por ejemplo, es la puesta a disposición in situ de la información solicitada en medios digitales, lo cual representa un problema para los ciudadanos pues deben sacar cita, normalmente en horas laborales para poder recoger información que pudo ser entregada electrónicamente.
Pese a las denuncias hechas en este sentido, y que incluso se han presentado amparos contra esta medida y las resoluciones a favor de la misma que emitido la CAIP, se mantiene la defensa a este topo de medidas, lamentó la también académica de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.
A esto se suma que los comisionados toman criterios distintos para atender casos similares, esto para favorecer al gobierno del estado.
“No puede tener criterios distintos ante sujetos obligados diferentes, si es similar o análoga la solicitud el criterio tiene que ser similar o tiene que ser igual porque las condiciones en términos jurídicos tiene que ser el mismo”, agregó.
Todo este escenario genera “suspicacias” ante el actuar de la comisión, la cual más allá de defender los derechos de los ciudadano defiende al gobierno, comentó Vélez Iglesias.
Ante esto, consideró que es necesario que el Congreso del Estado llame a comparecer a los comisionados para que rindan cuentas de su actuar.
Añadió que con la nueva reforma en materia de transparencia, ahora los ciudadanos que no queden conformes con las resoluciones emitidas por la CAIP, podrán recurrir al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), para que revise el expediente.
