Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) buscan recuperar injerencia en el manejo del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y del Impuesto Sobre Hospedaje. El Presidente del organismo, Fernando Treviño, indicó que a diferencia de lo que sucedió en el extinto Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios (CDICS) la iniciativa privada no busca administrar el recurso pero desea ser vigilante de que éste se aplique correctamente en proyectos de promoción y desarrollo de la entidad.
Apuntó que ya se está haciendo dicho planteamiento a los candidatos a una diputación local para que se realicen las modificaciones en ley que den facultad a un grupo de empresarios para garantizar que el dinero que paga la iniciativa privada realmente permita dinamizar la economía local.
“En materia de turismo se propone crear un fondo integrado por el impuesto del dos por ciento sobre la ocupación hotelera, manejado mediante un fideicomiso para tener acciones a favor de la actividad turística (…) en materia de Desarrollo Económico crear un fondo integrado por el impuesto del dos por ciento de la Nómina, manejado mediante un fideicomiso a cargo de la Secotrade para fomentar la promoción del Estado creando un comité de vigilancia con participación de la Iniciativa privada”.”, dijo.
Expuso que resulta increíble que se tenga una secretaría de Desarrollo Económico con 70 millones de presupuesto, lo cual sólo alcanza para el gasto corriente y no permite la promoción de la actividad económica hacia el exterior o en forma nacional, “lo que estamos buscando no es una administración de fondo sino que las secretarías reciban de parte de estos impuestos cantidades que les permitan beneficios”
Insistió en que lo que se busca es participar en un consejo de vigilancia para que los empresarios puedan comprobar que el dinero se aplica directamente para lo cual es destinado de origen.
Cabe recordar que en 2006, tras el incremento del ISN de uno a dos por ciento se conformó un consejo integrado por funcionarios y empresarios para la consulta de los proyectos que se financiarían con dicho dinero, lo cual al final resultó una simulación pues los “hombres del dinero” no tuvieron voto y se dejó de sesionar, quedando todas las facultades en manos del Estado que administró un promedio anual de mil millones de pesos por este gravamen.
